"ÑOQUIS CALIENTES": SE SUSPENDIÓ EL JUICIO

En el contexto de la causa pendiente de debate oral y público, donde se investigó a Cecilia Torres Otarola y otros por fraude a la administración pública, el defensor Francisco Miguel Romero solicitó la aplicación del instituto de "suspensión de juicio a prueba" para todos sus representados.

Sin embargo, la jueza Ivana Gonzales rechazó la solicitud, argumentando que los solicitantes eran funcionarios públicos en el momento de los hechos, lo que constituye un obstáculo legal para beneficiarse con este instituto según el artículo 77 del Código Penal.

Ante este rechazo, los defensores Romero y Cominetti presentaron un recurso de impugnación para que la Cámara Penal revise la decisión.

SENADORES SE AUMENTARON EL SUELDO A CUATRO MILLONES

Esta acción condujo a la suspensión del juicio oral y público programado para el próximo lunes 22 de abril, ya que ahora la Cámara de Apelaciones deberá resolver la denegación o no de la suspensión del juicio a prueba.

Los defensores de confianza de Jaqueline Rodera, María Lorena Rodea, Facundo Solari Rodera, Silvana Adriana Cañumil, Miguel Ángel Reto y Branco Neira Rodera presentaron la solicitud de suspensión del juicio a prueba a pocos días del inicio del debate oral.

Esta solicitud se basa en la oportunidad otorgada por el artículo 49 del Código Procesal Penal de Chubut, que permite al imputado o su defensor requerir la suspensión hasta el inicio del debate.

El proyecto de reforma del Código Procesal Penal, actualmente en discusión, incluye modificaciones al artículo 49. La redacción actual de este artículo, en cuanto a la oportunidad de solicitar la suspensión del juicio a prueba, genera importantes distorsiones en el sistema judicial.

En este caso particular, se realizaron previamente diversas acciones organizativas por parte de la Oficina Judicial de la Ciudad de Rawson para establecer el tribunal del juicio, fijar la fecha de inicio y reservar la sala de audiencias, teniendo en cuenta la agenda de los jueces, algunos de los cuales tienen asiento en otras ciudades.

Además, el Ministerio Público Fiscal cursó las citaciones correspondientes a todas las personas involucradas en el juicio, incluyendo testigos y peritos, muchos de los cuales residen fuera de la provincia. Esta situación afecta no solo a los testigos, sino también a las víctimas del delito, quienes experimentan una mayor ansiedad ante la espera y la organización de sus vidas para asistir al juicio.

La reforma propuesta al Código Procesal Penal busca establecer como límite máximo para solicitar la suspensión del juicio a prueba la audiencia preliminar, de modo que una vez fijada la fecha de inicio del juicio, no haya obstáculos que puedan impedir o retrasar su comienzo.