¿SERVIRÁ UNA LEY PARA FRENAR EL ROBO DE CABLES?

Con el objetivo de frenar la problemática delictiva relacionada con el robo de metales no ferrosos, en especial cables de cobre, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, está al frente de una iniciativa que busca abordar esta creciente amenaza. En los últimos años, se ha observado un incremento en las actuaciones judiciales vinculadas con la sustracción de estos materiales no ferrosos. El cobre, por su alto valor como conductor de energía, se ha convertido en un objeto de deseo en el mercado ilegal.

El robo de cables de cobre ha generado serios perjuicios en servicios críticos como electricidad y agua en numerosas ocasiones, afectando tanto a los usuarios como a las empresas prestadoras de estos servicios. Además, esta modalidad delictiva representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos, ya que el robo de estos cables o de medidores de agua fabricados con bronce implica un peligro potencial para la comunidad.

La gobernadora Carreras subraya la necesidad de combatir esta actividad delictiva a través de estrategias integrales que abarquen acciones preventivas, campañas informativas, recomendaciones y medidas punitivas. El proyecto en curso, respaldado por un Acuerdo General de Ministros, tiene como objetivo proporcionar herramientas más sólidas a las partes involucradas en la prevención de estos robos.

El proyecto de ley propone que todos los individuos que se dediquen al acopio, adquisición o compraventa de metales no ferrosos deben registrarse ante la autoridad de aplicación, ya sea como actividad principal o secundaria, de manera permanente o eventual. Además, para asegurar la trazabilidad en la comercialización de estos metales, establece que los sujetos involucrados deben registrar detalladamente todas sus operaciones de adquisición, enajenación y transporte, especificando el origen y las características de los metales, así como la documentación de respaldo correspondiente.

El proyecto también otorga a los efectivos del Ministerio de Seguridad y Justicia facultades específicas para exigir y fiscalizar el cumplimiento de esta ley. De esta forma, se busca abordar de manera completa y efectiva este fenómeno delictivo que causa daños a los servicios públicos y representa un riesgo para la población en general.