CASO AQUILANTI: LA CORTE DEBE DEFINIR NUEVO JUICIO

El nuevo juicio oral y público por el presunto enriquecimiento ilícito contra Leonardo Aquilanti ha quedado sin fecha. Las audiencias, que debían comenzar este lunes a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson, fueron suspendidas por las juezas Ivana González, Eve Ponce y Laura Martini a petición de la defensa.

La primera absolución de Aquilanti fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ordenó un nuevo juicio. Sin embargo, su defensor, José Manuel Pendón, interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pendón argumentó que se debe esperar la decisión de la Corte, ya que podría revocar el fallo del STJ, confirmar la inocencia de su cliente y dejar sin sentido un segundo proceso.

Omar Rodríguez, jefe de la Unidad Anticorrupción, se opuso a la suspensión, citando jurisprudencia que indica que una queja ante la Corte no suspende el trámite del juicio. Añadió que si el STJ ya declaró inadmisible el recurso extraordinario federal, una condena puede ejecutarse.

La defensa de Aquilanti respondió que iniciar un nuevo juicio violaría el principio de no juzgar a nadie dos veces por el mismo hecho (ne bis in idem).

Las juezas, al decidir, consideraron que la jurisprudencia mencionada por la Fiscalía solo es válida en casos de condena, lo cual es una situación diferente a la del caso en análisis. Argumentaron que si Aquilanti es sometido a un nuevo juicio mientras la Corte está discutiendo su queja, se violarían los principios de ne bis in idem y presunción de inocencia. Además, señalaron que si la Corte Suprema confirma la absolución original durante el nuevo juicio, se generaría un "dispendio y escándalo jurídico".

Dada la carga de trabajo de la Corte, se sabe que la decisión podría demorar al menos un par de años.

A Aquilanti se le adjudican inmuebles, inversiones financieras, vehículos y viajes que no podría haber sostenido con los sueldos obtenidos durante su paso por distintos cargos en la administración pública.