PUNTA CLARA: RUFFA DENUNCIA GRAVES IRREGULARIDADES EN EL JUICIO

Federico Ruffa dijo a #LA17 la semana que pasó que no sabía si Pablo Borboroglu había sido perito, testigo o hasta director del proceso debido a su actitud y a la protección que le brindó la fiscal Florencia Gómez.

“En su declaración el propio Borboroglu expuso que traspasó el alambrado que delimita el campo en donde viven y trabajan el imputado y su familia y que desde allí obtuvo la información en cuestión e incluso tomó fotografías, videos y realizó todo tipo de pesquisa y averiguaciones” indica, lo que constituye una clara violación de domicilio, delito previsto en el Código Penal.

La apelación revela que “Borboroglu fue convocado y llevado al lugar por el tío del imputado, vecino y propietario del campo lindero. En suma, resulta indiscutible que Borboroglu (su esposa Reyes y los tíos del imputado; según se advirtió en las imágenes expuestas) ingresaron el día 26 de noviembre de 2021 al campo de la familia del imputado, invadiendo con plena conciencia un fundo ajeno habitado y sin que exista ninguna razón de urgencia o similar (que ni siquiera fue alegada) que pueda avalar la violación de la propiedad e intimidad del imputado y su familia”.

Ruffa asegura que la denuncia en realidad la hacen Borboroglu y su esposa Laura Reyes y que fue luego presentada por “Cassin y Arzani”.

Pero además, agrega que “esta causa haya sido iniciada en todo en base a una prueba ilegal, producto de la violación del domicilio y la intimidad del imputado y su familia, acarrena, necesariamente la nulidad de todo lo actuado en consecuencia”, lo que invalida todos los hechos posteriores por haberse conseguido en forma ilícita.

Cuestiona la decisión de los jueces de validad prueba ilícita, "la incorporación de los pichones muertos en el debate resulta ilegítima e injustificable. Esa información fue especialmente valorada por los tres jueces en sus votos”. 

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“En virtud de lo dicho hasta aquí, la sentencia en cuestión se edifica sobre un cimiento ilícito que debe ser extraído y, por lo tanto, acarrea el desmoronamiento de todo el andamiaje argumental en pretende buscar apoyo” destaca posteriormente.

“La sentencia en crisis no puede sostenerse como un acto jurisdiccional válido” pide se declare la nulidad de las declaraciones de Borboroglu y Reyes y pide se declare “absolver a Ricardo La Regina”.

Por otra parte, solicita “se declare la nulidad de la sentencia por haberse apoyado en una prueba ilícita”.

El abogado agrega otras irregularidades, denunciando un artilugio bajo el ropaje tratan de “testimonios” y/o de “informes técnicos”

Denuncia que “bajo esas excusas el tribunal consintió la incorporación de prueba pericial abiertamente ilegítima por haber sido producida sin cumplir con las reglas de producción (admisibilidad) establecidas en los arts. 195 y ss. del CPP, lo que importa una franca vulneración del derecho de defensa de esta parte, que no pudo participar ni controlar la producción de esa prueba”.

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Ruffa cuestiona una actitud grave de la fiscal Gómez y del propio tribunal, que “avaló el accionar defectuoso y irregular del MPF y las acusaciones que produjeron verdaderos peritajes, a los que incluso llegaron a calificar de esa forma, y luego introdujeron al debate bajo el rótulo innominado de informes técnicos”.

Acusa al tribunal además de carecer de fundamento, salvo por “la necesidad de cubrir las apetencias del público que tiñe todo este proceso”.

“El MPF no cumplió con el procedimiento en cuanto establece la obligación de notificar a las partes para que pueda observar los puntos de peritaje, agregar o requerir otros nuevos, designar su propio perito, etc” resalta como otro de las irregularidades.

No hay que olvidar que desde el inicio se disfrazó el proceso bajo una “matanza de pingüinos”, lo que no existió nunca, lo que quedó en claro en el proceso, aun así, Ruffa recuerda que “ninguno de los acusadores en su relato de los hechos hizo absolutamente ninguna mención al destino de los supuestos pingüinos arrollados. Ninguno hizo allí ni la más mínima referencia a que estos habrían sido triturados hasta su completa desaparición así como tampoco de que habrían sido ingeridos por animales carroñeros de la zona”.

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“Es decir que estas explicaciones sobre la pulverización y desaparición de todo vestigio de los pingüinos arrollados no sólo implican una desviación de la plataforma fáctica postulada en la acusación, sino que fue introducida en forma absolutamente sorpresiva en medio del debate”.

En el largo texto, de 123 páginas, la defensa de Larregina cuestiona que “la Jueza Ponce y el Juez Richieri destacan los pasajes pertinentes de los testimonios referidos para luego, sin explicarlo claramente, arribar a la conclusión propuesta por Borboroglu y Reyes. Por su parte la Jueza Martini expresamente hace propios los razonamientos de estos dos testigos sobre el punto”.

Increíblemente, resalta la apelación que “el Tribunal se sube esta teoría de la pulverización hasta la eliminación de todo rasgo de los pingüinos arrollados, y ello resulta un elemento esencial para poder tener por acreditada la muerte de esos animales”. 

Fundamenta Ruffa tomando como base el peso de los pingüinos, que la masa no podría pulverizarse sin huella, “se arrolló la cantidad de masa de cuerpos de animales equivalente a dos personas o a una vaca chica en una superficie de medio lote del Barrio Bonorino y no quedó absolutamente ningún rastro. Nada, ni sangre, ni restos de huesos, ni un pico, ni una pluma”, y resalta que Borboroglu ingresó ilegalmente en el campo solo cinco horas después de ocurrido el hecho, es decir que en solo cinco horas los restos se pulverizaron.

“Con todas esas capacidades, a lo sumo 5 horas después del arrollamiento, Borboroglu no pudo ver ni un rastro, ni un vestigio, de los –al menos- 35 pingüinos adultos y los - aproximadamente- 70 huevos y/o pichones que habían sido arrollados en una superficie de 1.000 mts2” agrega la defensa.

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“Todo ello, insistimos, sin dejar rastro alguno capaz de ser detectado por dos super expertos en la materia que llegaron al lugar 5 horas después” agrega con ironía, en referencia a Borboroglu y Reyes.

Además, resalta que “Bersano y Gigena fueron dos testigos del MPF que, frente a su desistimiento, fueron convocados por esta parte. Ambos dijeron con total claridad que no habían visto ningún resto de ningún animal o huevo afectado por los movimientos de suelo” ambos funcionarios provinciales.

Hay una fuerte crítica a Borboroglu y a sus intereses económicos, “se puede advertir con claridad que Borboroglu no es un testigo creíble, actúa por otros evidentes intereses de propaganda, prestigio y económicos”.

Entre otras cuestiones, se resalta que el juez Richieri “inventó” un delito no previsto en el Código Penal, que es el “ecocidio” y encima siendo utilizado en un fallo judicial.

Otro detalle, Punta Clara no es un área natural protegida.