LA PAMPA AVANZA EN SU RECLAMO INTERNACIONAL POR EL RÍO ATUEL

La provincia de La Pampa logró un nuevo avance en su reclamo por el río Atuel. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó su presentación contra el Estado argentino. Ahora, el Gobierno Nacional tiene un plazo de hasta cuatro meses para responder.

El gobernador Sergio Ziliotto destacó la importancia de este paso. “Es una lucha que no abandonaremos como pampeanos”, afirmó. El objetivo es que Mendoza garantice el caudal mínimo que permita la circulación del Atuel por territorio pampeano.

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El conflicto por el manejo del río lleva más de 50 años. La Pampa denuncia que las acciones de Mendoza han generado un grave proceso de desertificación. Esta situación afecta tanto a la producción agropecuaria como a la calidad de vida de la población.

En junio pasado, la Corte Suprema ordenó a Mendoza garantizar un caudal mínimo. Sin embargo, la provincia vecina lleva casi seis meses sin cumplir el fallo. Esta demora motivó la intervención de la CIDH.

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Organizaciones como la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos impulsaron la presentación internacional. “Estamos viendo luces en el camino hacia una solución definitiva”, señaló Roberto Rodríguez, titular de la Asamblea.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó las implicancias de la decisión. “La CIDH analizará si el Estado argentino violó derechos humanos al ambiente”, indicó. Además, evaluará si el incumplimiento del fallo afecta derechos fundamentales de los pampeanos.

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La CIDH podría pasar directamente al análisis de fondo. Esto incluiría determinar si el Estado argentino incumplió su obligación de reparar una violación reconocida por la Corte Suprema. La resolución marcaría un precedente importante.

Ziliotto reafirmó el compromiso provincial. “Defenderemos nuestros recursos hídricos con todas las herramientas que nos da la institucionalidad”, aseguró. Este reclamo refleja el sentido de pertenencia de los pampeanos hacia el río Atuel.

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El conflicto ha movilizado al pueblo pampeano, que exige justicia hídrica. La lucha combina esfuerzos del Gobierno provincial, organizaciones sociales y la ciudadanía. La meta común es lograr que el río vuelva a correr por suelo pampeano.

La Pampa enfrenta este desafío con inversiones para mitigar los efectos de la desertificación. La provincia destina más de $10.000 millones a proyectos de riego junto con el sector privado. Estas acciones buscan proteger la actividad agropecuaria mientras continúa el litigio.

El fallo de la Corte Suprema es considerado un hito, pero su falta de cumplimiento genera frustración. “La CIDH nos da esperanzas de lograr un cambio real”, opinó Rodríguez. La expectativa es que el caso avance hacia una resolución favorable.

El impacto ambiental de la retención de agua es significativo. La desertificación avanza, reduciendo la productividad y dañando ecosistemas locales. La Pampa busca revertir esta situación mediante estrategias integrales.