EL GOBIERNO PROHÍBE PROPAGANDA POLÍTICA EN ESPACIOS PÚBLICOS
Un decreto oficial elimina imágenes, símbolos y referencias con contenido político en edificios estatales, promoviendo la neutralidad institucional.
El Gobierno Nacional prohibió la propaganda política en edificios públicos mediante un decreto publicado este martes. La medida busca garantizar la neutralidad institucional y evitar el culto a la personalidad. El objetivo es preservar los bienes estatales de los cambios de gobierno.
El decreto 1084/2024 fue firmado por Javier Milei y Guillermo Francos. Incluye disposiciones para regular el uso de bienes estatales. Se prohíben imágenes, símbolos y referencias con contenido político en espacios públicos.
La normativa también limita el uso de nombres de personalidades políticas para bienes estatales. No podrán usarse hasta diez años después de su fallecimiento. Esto busca garantizar objetividad en las denominaciones.
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El artículo 1° del decreto establece que está prohibida cualquier forma de propaganda partidaria. Incluye edificios, monumentos y oficinas públicas. La normativa refuerza los principios republicanos en la administración pública.
La ministra Sandra Pettovello destacó el "reordenamiento de espacios públicos" como parte de esta política. Se trata de un paso en la llamada batalla cultural del oficialismo. Las medidas buscan despolitizar las instituciones estatales.
Los funcionarios también tienen restricciones específicas. No podrán usar recursos estatales para promocionar su imagen o ideología. Estas prácticas serán consideradas infracciones graves.
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El decreto habilita a los ciudadanos a denunciar infracciones a través de Trámites a Distancia (TAD). Las denuncias no tendrán costo para los usuarios. Esto facilita el control ciudadano sobre los bienes públicos.
El incumplimiento de estas normativas tendrá consecuencias legales. Podría derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales. Las sanciones buscan reforzar su cumplimiento.
La medida generó debates sobre su impacto en la memoria histórica. Algunos consideran que limita la representación cultural en espacios públicos. Otros destacan la importancia de mantener la imparcialidad.
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El decreto se inscribe en una serie de políticas de despolitización. Estas medidas apuntan a reforzar los principios republicanos. La regulación busca establecer estándares claros para el uso de bienes públicos.