“LA TRANSPARENCIA ES FUNDAMENTAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”
Daniel Tejero, exdirector de los Juzgados de Paz, fue condenado a prisión en suspenso e inhabilitado por falsificar actas en un concurso administrativo.
La jueza Eve Ponce dictó la sentencia contra Daniel Tejero en un juicio oral y público por falsificación de actas. El exfuncionario recibió un año y seis meses de prisión en suspenso.
Además, Tejero fue inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos. La condena corresponde a un hecho ocurrido durante su gestión en los Juzgados de Paz de Chubut.
La causa comenzó luego de una denuncia presentada por el exministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, quien detectó irregularidades en un concurso abierto.
El concurso buscaba cubrir un puesto de auxiliar administrativo en el Juzgado de Paz de Gastre. Báez alertó sobre firmas y actas adulteradas en el proceso evaluador.
La denuncia fue radicada en la fiscalía de Puerto Madryn. Las pruebas presentadas llevaron a la acusación contra Tejero por el delito de falsedad ideológica en documentos públicos.
El fiscal general Alex Williams, acompañado por el abogado querellante Martín Castro, aportó evidencia clave. Se demostró que Tejero incluyó declaraciones falsas en actas oficiales.
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La falsificación generó un posible perjuicio en el proceso administrativo. Los documentos alterados afectaron la transparencia del concurso en Gastre.
El juicio se realizó en la Oficina Judicial de Rawson. El tribunal escuchó testimonios importantes, como el del exministro Báez y el de varios postulantes al concurso.
Declararon Marcela Yalacate, Aida Castro, Manuel Contreras y Leonardo Riera. También brindó su testimonio Ricardo Aguilera, representante del SITRAJUCH en la junta evaluadora.
La defensa de Tejero estuvo a cargo del abogado Adolfo Pérez Galimberti. Durante el juicio, la defensa intentó desacreditar las pruebas aportadas por la fiscalía.
Sin embargo, la jueza Eve Ponce consideró probados los hechos y destacó la gravedad del delito. El fallo enfatizó la responsabilidad de los funcionarios en su rol público.
“El ilícito vulnera la confianza pública y afecta la transparencia administrativa”, expresó Ponce al dictar la condena contra Tejero.
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La sentencia marca un precedente en Chubut. Quedó claro que la falsificación de documentos públicos no será tolerada en procesos administrativos y concursales.
El proceso judicial incluyó pericias sobre las firmas y actas adulteradas. Los informes periciales resultaron fundamentales para comprobar la falsedad de la documentación.
Daniel Báez, impulsor de la denuncia, destacó la necesidad de “resguardar la transparencia en el ámbito judicial y administrativo”.
El caso de Tejero expone la importancia de garantizar procesos justos y transparentes. La justicia chubutense tomó una postura firme frente a la adulteración de documentos.
La condena incluye prisión en suspenso, por lo que Tejero no será encarcelado. Sin embargo, no podrá ocupar cargos públicos por tres años.
El fallo deja un mensaje claro para los funcionarios públicos. La transparencia y la ética resultan indispensables en el ejercicio de cargos oficiales.
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El delito de falsedad ideológica afecta la confianza en las instituciones. La sentencia busca reafirmar el compromiso del Estado con la honestidad en sus procesos.
La fiscalía expresó conformidad con el fallo y resaltó la gravedad del ilícito. La querella también valoró la importancia de este antecedente en la justicia provincial.
Este juicio marca un punto clave en la lucha contra la corrupción administrativa. El caso Tejero demuestra que los abusos en la función pública tienen consecuencias legales.
La sociedad demanda transparencia y compromiso en la gestión pública. “La condena busca resguardar los valores fundamentales de la administración del Estado”, concluyeron desde la fiscalía.
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