La causa ya tiene a 37 imputados entre ex funcionarios públicos y empresarios de la construcción de toda la provincia a la vez que se investigan más de un centenar de hechos. Los fiscales pidieron la extensión del plazo de investigación.

En una serie de tres audiencias en la mañana del miércoles, el juez de garantías Sergio Piñeda imputo a otros 11 empresarios de la construcción por pagar coimas a funcionarios provinciales a cambio de que desde el Gobierno Provincial se realicen los pagos atrasados por obras públicas, a la vez que le concedió a los fiscales más tiempo de investigación.

La complejidad de la investigación y la posibilidad de que mediante argucias legales no se llegue hasta el final de la misma mediante la realización del juicio oral y público que determine la culpabilidad o no de los imputados, hizo que los fiscales pidieran se catalogue a la investigación como “caso complejo”. En este sentido pidieron cuatro meses más para investigar, por lo que el plazo se extenderá hasta el 22 de marzo del próximo año.

Los 11 nuevos imputados son: Claudio Díaz, Massoud Ighani, Javier Ban, Gustavo García Moreno, Diego Cagnolo, Marcelo Pasquini, Salvador Indómito, Claudio Gatica, Miguel Freile, José Rossi y Juan Riquelme.

Según la investigación de los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli, en total todos los imputados pagaron 13.824.897,77 pesos en coimas a la Unidad Gobernador durante la última gestión de Mario Das Neves al frente de la provincia para poder cobrar en conjunto 675.482.021,68 pesos por obras públicas ejecutadas o en ejecución.

Quien más habría pagado, es el empresario Massoud de la empresa Rigel Construcciones S.R.L. un total entre cheques y dinero en efectivo de 3.970.000 pesos.

Según el esquema de los investigadores para concretar la maniobra, el titular de la Unidad Gobernador Diego Correa –actualmente detenido- pedía la coima y acordaba el monto a pagar, luego le pedía a Martín Bortagaray del IPV o a Alejandro Pagani del Ministerio de Infraestructura que emitan la orden de pago para finalmente Pablo Oca, Ministro de Economía, ordene el pago de los adeudado por el Gobierno.

Cabe destacar que a excepción del defensor de Correa y Oca, el abogado Fabián Gabalachis, el resto de los defensores y los cinco querellantes no se opusieron a la calificación de “investigación compleja”.

El defensor de Alejandro Pagani, el defensor Carlos Villada se opuso a la apertura de la investigación por considerar que los fiscales no cumplían con las obligaciones procesales para ello. Su postura no prospero al momento de resolver el juez Piñeda.

Suspensión de juicio a prueba

En la última audiencia del miércoles, el juez Piñeda comunicó que se tomará cinco días para resolver sobre el pedido de los empresarios Ignacio Salaberry, Patricio Musante y Esteban Torraca, para realizar obras en favor de la comunidad mediante la figura de la reparación y se les aplique la suspensión del juicio a prueba.

Los fiscales Iturrioz y Nápoli mantuvieron la postura de que se aplique esta figura legal pero los querellantes tuvieron posiciones dispares que iban desde el rechazo a esa posibilidad, hasta el de solicitar mayores exigencias al momento de la reparación ofrecida.

Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut.