Menna Gustavo

Lo hizo a través de un proyecto de Resolución presentado este martes en la Cámara de Diputados a través del cual le solicitó información al jefe de Gabinete de Ministros. Observó que se le otorgaron facultades a una asociación civil de ingenieros que residen todos en Buenos Aires y que en la práctica no realizan ninguna fiscalización.

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio) presentó un pedido de informes al jefe de Gabinete de la Nación para que explique por qué el Ministerio de Transporte realizó autorizaciones que encarecen el servicio de verificación técnica del transporte de pasajeros y de carga y, además, otorgó a una organización privada la facultad de emitir la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) en unidades nuevas y usadas.

La LCM, explicó Menna, debería estar cargo de los talleres habilitados para efectuar la Revisión Técnica Obligatoria, aunque se llevan adelante por parte de una asociación civil denominada «Comisión de Ingenieros Certificadores», cuyos integrantes residen todos en Buenos Aires y con la cual la Agencia Nacional de Seguridad Vial firmó un convenio.

Estos ingenieros, advirtió el legislador, «perciben un arancel por esa tarea que llevan adelante en forma remota, sin tomar contacto con las unidades y sobre la base de una fotografía que le remite el taller de Revisión Técnica Obligatoria».

«Los certificadores designados por la Comisión de Ingenieros Certificadores residen todos ellos en Buenos Aires», insistió Menna, «y cobran por un servicio que no prestan, ya que se limitan a recibir fotografías que les envían desde los talleres en donde se hace el trabajo», ante lo cual «esa Comisión se arroga la potestad estatal de habilitar o no nuevos ingenieros para ‘dar el servicio’ por el que en realidad cobran pero no brindan».