Oscar Fortunato, el funcionario del CFP acusado de lobbysta

El presidente Mauricio Macri recibió ayer en su despacho de Casa Rosada una carta documento en la que le solicitaron que remueva de manera inmediata a Oscar Fortunato como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Federal Pesquero.

La misiva fue enviada por Roberto Maturana, oficial de la marina mercante, quien entiende que el expresidente de CEPA “viola la ética en el ejercicio de la función pública”.

“Autorizó reintegros de cuotas de captura, transferencias y reformulación de proyectos pesqueros, recepcionó permisos de pesca, justificaciones de inactividad comercial, asignación de capturas, modificación de capturas, cambios de titularidad, etc.”, enumeró Maturana, quien lleva adelante una causa judicial con los principales empresarios de CEPA y el propio Fortunato, los que a su vez le iniciaron un juicio por calumnias e injurias.

Denuncian que Fortunato es lobbysta de empresas marplatenses

Maturana precisó que varios de los actos administrativos rubricados por Fortunato involucran al Grupo Solimeno (entre otras, Acta 8/2019), al grupo Valastro (entre otras, Acta 27/2017) y al Grupo Moscuzza (entre otras, Acta 16/2019) que forman parte de CEPA.

En la nota se le informa al Presidente que su representante en el Consejo Federal Pesquero no ha presentado la declaración jurada “siendo que reconoce públicamente que posee buques pesqueros y brinda asesoramiento a empresas pesqueras”, asegura el denunciante.

Además de solicitar la remoción inmediata, Maturana le pidió a Macri “que inicie las actuaciones necesarias para declarar la nulidad de esos actos y las destinadas a la devolución de lo habido en ellos junto a los sumarios disciplinarios que correspondan”.

Denunciarán también al Gobierno ante organismos internacionales

Maturana le avisa al Presidente que denunciará ante organismos internacionales el incumplimiento del gobierno de la Convención contra la Corrupción, ya que la administración ha puesto en peligro la soberanía alimentaria de la Nación al nombrar a quien ha favorecido desde la función pública la permanencia en el caladero argentino de la flota ilegal de los grupos pesqueros mencionados, “sin denunciar las irregularidades en el otorgamiento de sus permisos de pesca en violación a la Ley Federal de Pesca, tal como surgen de distintos informes de auditoría”.

Fuente: Revista Puerto