Chubut, entre las provincias con más presos en comisarías según un informe nacional

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó un informe que pone en evidencia una problemática que atraviesa a todo el país: el uso de las comisarías como lugares de detención. Según el estudio, Chubut ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, con una tasa de 47,42% de personas privadas de su libertad en dependencias policiales.

En la provincia gobernada por Ignacio Torres hay actualmente 426 detenidos bajo el sistema provincial. De ese total, 202 permanecen alojados en comisarías, pese a que no son establecimientos preparados para estadías prolongadas.

El contraste regional es notorio. Río Negro figura en el puesto 22 del ranking con una tasa del 2,04%. En esa provincia, bajo la gestión de Alberto Weretilneck, hay 1.277 presos en total, de los cuales solo 26 están en comisarías.

En la misma Patagonia, la situación de Santa Cruz también preocupa. Allí, con 455 detenidos, 194 se encuentran en dependencias policiales, lo que representa una tasa del 42,64% y ubica a la provincia en el sexto lugar del ranking.

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El caso de Neuquén es intermedio. Según el informe, ocupa el puesto 12, con una tasa del 22,71%. De 700 personas detenidas en el sistema provincial, 159 están alojadas en comisarías.

El documento forma parte de la campaña “No más presos en comisarías”, que busca visibilizar las condiciones de tortura y vejámenes que sufren los detenidos en lugares que no cumplen con los estándares internacionales.

El Inecip enfatiza que “cada persona presa en una comisaría está allí porque un juez lo permite”, marcando la responsabilidad directa del Poder Judicial. La advertencia apunta a que la Justicia podría ordenar medidas para frenar estas prácticas.

El informe detalla además que, en todo el país, hay más de 13.000 personas alojadas en comisarías y alcaidías, un número que pone en tensión al sistema penitenciario.

Los autores aclaran que la información se construyó con datos oficiales aportados por los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura y las policías provinciales. Las cifras corresponden al 31 de diciembre de 2023, último registro disponible.

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“Si bien este ranking es un primer paso hacia el estudio de la problemática, no por ello es suficiente”, señala el informe, que reclama mayor producción de información clara, veraz y transparente para diseñar políticas públicas efectivas.

El texto también marca que los poderes ejecutivos y los ministerios públicos deben rendir cuentas. “La obvia responsabilidad de los Poderes Ejecutivos no puede servir de excusa para la inacción judicial”, advierte.

La situación en Chubut abre interrogantes sobre la infraestructura penitenciaria y la falta de espacios adecuados para alojar detenidos. Las comisarías, según organismos de derechos humanos, no garantizan condiciones mínimas y se convierten en centros de hacinamiento.

Organizaciones sociales y sindicales de trabajadores penitenciarios ya habían alertado sobre esta problemática. Reclaman inversiones en cárceles y alcaidías para evitar que la policía cargue con un rol que no le corresponde.

El informe refuerza la idea de que la cárcel preventiva en comisarías debe ser una excepción y no una práctica extendida. La estadística de Chubut muestra lo contrario: casi la mitad de sus presos está en esa situación.

La pregunta que surge es cuánto tiempo más podrá sostenerse este esquema sin una decisión política que modifique la realidad. Mientras tanto, el hacinamiento y las denuncias de malos tratos continúan.

Fuente: La Tecla Patagónica