Fred Machado agita el poder: presiones sobre la Corte y vínculos con el entorno libertario

El caso de Federico “Fred” Machado volvió al centro de la escena política y judicial. El empresario, detenido en Viedma y acusado por narcotráfico y lavado de dinero, busca influencias en el oficialismo para evitar su envío a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por estafa y tráfico de drogas en Texas.

El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, remitió a la Corte Suprema la notificación de Cancillería que habilita la extradición. El expediente ya está en manos del máximo tribunal, que podría resolverlo esta misma semana. La decisión final dependerá del presidente Javier Milei, como marca la ley.

Dentro del Gobierno, la noticia encendió alarmas. Machado mantiene conexiones con dirigentes y funcionarios cercanos al oficialismo, lo que explica la tensión que rodea al caso. Una de las coincidencias más llamativas es que comparte defensa legal con Milei: ambos son representados por el penalista Francisco Oneto.

En Río Negro, fuentes judiciales confirmaron que el empresario habría recurrido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en busca de apoyo político para frenar la extradición. El contacto refuerza la sospecha de que el caso dejó de ser solo judicial para convertirse en un asunto de poder.

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Al mismo tiempo, Machado contrató al ex gobernador Horacio Massaccesi para gestionar movimientos dentro de la Corte. El vínculo no es menor: su hijo, Leandro Massaccesi, ocupa un cargo clave como jefe de Gabinete en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

Las ramificaciones se amplían. Cúneo Libarona fue abogado de la diputada Lorena Villaverde, pareja de Claudio Ciccarelli, primo de Machado y referente de un grupo empresario con fuerte peso en el Alto Valle. Esa conexión reavivó las críticas de la oposición y obligó al oficialismo a salir a despegarse.

El diputado Martín Soria denunció públicamente esa relación y la presión habría surtido efecto. Tras sus dichos, el juez Villanueva reactivó la causa y envió la documentación a la Corte, acelerando un proceso que llevaba años trabado.

Como si fuera poco, un material antiguo volvió a circular en redes. Un video de José Luis Espert en la pileta de Machado, grabado en 2019, fue interpretado como una advertencia. Para muchos, la filtración fue una jugada del empresario para recordar que todavía conserva resortes de presión sobre figuras del poder.

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En paralelo, el entorno presidencial busca despegar a Milei de cualquier vínculo directo con Machado, aunque las conexiones con Oneto, Cúneo Libarona y Villaverde ponen en aprietos al oficialismo. El escándalo ya salpicó a varias áreas del gabinete y amenaza con escalar.

Los tiempos corren rápido. La Corte podría tratar el expediente en los próximos días, y la tensión política se eleva. Cada movimiento es seguido de cerca por la prensa, la oposición y el propio Gobierno, que intenta mantener distancia sin perder control de la situación.

El desenlace todavía está abierto, pero hay un punto claro: la firma de Javier Milei definirá si Machado es enviado a Texas o si logra quedarse en Argentina. En la Rosada saben que la decisión no será solo judicial, sino también política, y que marcará un precedente para la relación entre el oficialismo y los tribunales.