Obligan a jubilarse a un sindicalista que no trabajaba hace 30 años

El sindicalista Pedro Serrudo, de 77 años, quedó en el centro de la polémica en Salta. Durante tres décadas mantuvo su cargo en la planta municipal sin asistir a trabajar, amparado en una licencia sindical que se extendió indefinidamente. La situación terminó con una decisión tajante del municipio: su jubilación obligatoria.

Serrudo se desempeñaba como secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM). Desde los años ‘90 no volvía a cumplir funciones administrativas, pero seguía cobrando su sueldo como empleado activo. La licencia sindical, que en principio debía ser temporal, se transformó en un beneficio permanente.

El intendente de Salta capital, Emiliano Durand, firmó el decreto que puso fin a la situación. La medida se basó en que Serrudo ya reúne los aportes necesarios para jubilarse: 45 años en la UTM y 50 en total, lo que habilita los trámites previsionales. El jefe comunal es aliado político del gobernador Gustavo Sáenz y defendió la decisión como un acto de orden institucional.

OTRAS NOTICIAS

La Anmat prohibió lavandinas, cosméticos y un equipo estético detectado en Chubut

La resolución administrativa no fue el único paso. Un fallo judicial ratificó que Serrudo debía ser excluido de la tutela sindical, condición que hasta ahora le garantizaba protección frente a decisiones laborales. Con ese aval, la Municipalidad avanzó en su jubilación forzosa.

El caso generó un fuerte impacto público. Muchos vecinos cuestionaron cómo una licencia pudo extenderse durante tres décadas sin revisión interna, mientras otros señalaron la falta de controles históricos en la estructura municipal. La figura de Serrudo, tradicional en el sindicalismo salteño, volvió a estar en el centro de la escena.

Desde el entorno del sindicalista evitaron declaraciones públicas. En cambio, en el municipio remarcaron que “nadie está por encima de las normas”, en alusión directa al episodio. La jubilación no implica pérdida de beneficios previsionales, pero sí marca el fin de su etapa como empleado municipal activo.

La historia reavivó el debate sobre los privilegios dentro del sector público y la necesidad de revisar casos similares. El episodio se convirtió en un símbolo de prácticas enquistadas que sobreviven al paso del tiempo, en un contexto de revisión de gastos estatales en varias provincias.