La Justicia rechazó las reparaciones económicas de empresarios y exfuncionarios en la causa “Cuadernos”

El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó este lunes las propuestas económicas presentadas por más de cincuenta empresarios y exfuncionarios involucrados en la causa conocida como “Los cuadernos de las coimas”, al considerar que no correspondía aplicar la figura de la “reparación integral” prevista en el Código Penal para extinguir la acción penal.

La resolución fue dictada por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, quienes resolvieron por unanimidad no hacer lugar a las ofertas que incluían montos en efectivo, propiedades y otros bienes valuados entre 12 y 21 millones de dólares. De esta forma, todos los imputados deberán presentarse al juicio oral que comenzará el próximo 6 de noviembre.

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Entre los oferentes figuraban empresarios vinculados a los sectores de la construcción, la energía y el transporte, además de algunos exfuncionarios. Los aportes más elevados fueron los de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, quien propuso 1,68 millones de dólares; Ernesto Clarens, con 1,5 millones; y Aldo Roggio, con 1,26 millones. También se mencionaron ofertas de Gabriel Pedro Losi, Juan Manuel Collazo, Héctor Caballero y Mario Rovella, entre otros, con sumas que oscilaron entre 460 mil y 600 mil dólares.

Otros empresarios que presentaron montos menores fueron César y Juan Carlos De Goycochea, de Isolux Corsán; Hugo Draggnotti, de Panedile; Osvaldo Acosta, de Electroingeniería; Santiago Altieri, de Iecsa; y Rubén Valentí junto a Enrique Pescarmona, de IMPSA. En tanto, los exfuncionarios Juan Manuel Abal Medina y Fabián García Ramón ofrecieron 40 mil y 950 mil dólares, respectivamente, tras reconocer la recepción de fondos presuntamente vinculados a aportes de campaña.

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La fiscal federal Fabiana León se opuso a todas las presentaciones y advirtió que “no se puede pagar para zafar”, al sostener que aceptar esos montos equivaldría a “tarifar la impunidad”. La Unidad de Información Financiera (UIF) respaldó esa postura, y su director, Paul Starc, afirmó que las propuestas representaban una forma de “mercantilizar la corrupción”. El representante del organismo, Mariano Galpern, subrayó además que “la complejidad del proceso no habilita la impunidad”.

Las defensas, por su parte, argumentaron que la reparación integral es una figura vigente que puede aplicarse en cualquier tipo de delito, siempre que los fondos ofrecidos sean de origen lícito. Cuestionaron la decisión de la fiscalía, alegando que se basó en criterios generales y no en un análisis jurídico específico, y recordaron que el proceso judicial podría extenderse durante años debido a la cantidad de acusados y pruebas involucradas.

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La causa “Cuadernos” se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó durante años supuestos traslados de dinero entre empresarios contratistas del Estado y funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Las anotaciones, sumadas a las declaraciones de los imputados arrepentidos, derivaron en una investigación que involucró a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a varios exfuncionarios y a decenas de empresarios de distintos sectores económicos.

Con este fallo, el Tribunal Oral Federal N°7 cerró definitivamente la posibilidad de extinguir la acción penal mediante compensaciones económicas y confirmó que todos los acusados deberán enfrentar el juicio oral previsto para el 6 de noviembre, en uno de los procesos de corrupción más emblemáticos de los últimos años en la Argentina.