Allanaron la casa y el despacho de Espert por transferencias millonarias de “Fred” Machado

La investigación por presunto lavado de dinero que involucra a José Luis Espert sumó un movimiento fuerte. Este mediodía, agentes judiciales y de la Policía Federal allanaron la casa del diputado en Beccar y su despacho en el Congreso, por orden del juez de San Isidro Lino Mirabelli. Las medidas se enmarcan en la causa que analiza las transferencias que Federico “Fred” Machado, empresario acusado en Estados Unidos por narcotráfico y estafas financieras, realizó al dirigente libertario en 2019.

El escándalo se originó cuando salió a la luz una transferencia de 200 mil dólares, que Espert negó en reiteradas ocasiones hasta que finalmente la admitió públicamente. Esa operación fue solo la punta del iceberg. En la vivienda de Machado en Viedma, la Justicia encontró un contrato por un millón de dólares, firmado entre ambos antes del lanzamiento de la campaña presidencial del economista.

El contrato lleva fecha del 7 de junio de 2019, apenas dos semanas antes de la presentación formal de su candidatura. Establece el pago de 100.000 dólares en el acto de la firma y nueve cuotas mensuales de igual monto, a través de transferencias bancarias. Machado firmó el documento como representante de Minas del Pueblo, una empresa guatemalteca vinculada a actividades mineras y operaciones financieras que despertaron alertas en organismos internacionales.

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La Cámara de Diputados aprobó por 215 votos el pedido de Mirabelli para avanzar en medidas de prueba dentro del Congreso, lo que habilitó el allanamiento al despacho de Espert. La decisión recibió amplio respaldo político, incluyendo sectores opositores y aliados del oficialismo. Un día antes, el legislador presentó su licencia con goce de sueldo, luego de renunciar a su candidatura en medio del avance judicial.

El caso no se limita al contrato y las transferencias. Espert también enfrenta otra causa en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscala Alejandra Mángano, que investiga los vuelos que realizó en aeronaves de Machado. Durante la campaña de 2019, el empresario le facilitó al menos 36 vuelos en aviones privados y el uso de una camioneta blindada, elementos que no fueron declarados en los registros de financiamiento electoral.

La figura de “Fred” Machado atraviesa toda la trama. Empresario de origen argentino, con operaciones en Centroamérica y vínculos con empresas mineras y aeronáuticas, enfrenta un pedido de extradición de Estados Unidos por lavado de dinero, narcotráfico y estafas. La Corte Suprema argentina dio luz verde a la extradición esta semana, tras más de dos años de dilaciones judiciales. El presidente Javier Milei confirmó que firmará la aprobación final, alineándose con la solicitud norteamericana.

La causa avanza sobre dos ejes principales: la legalidad de los aportes económicos recibidos por Espert y la posible utilización de contratos ficticios para blanquear fondos. Para los investigadores, el contrato hallado en Viedma podría constituir un mecanismo de canalización encubierta de aportes electorales o directamente de lavado de activos.

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Los allanamientos buscan documentación contable, dispositivos electrónicos y registros de transferencias que permitan reconstruir el flujo de dinero entre Machado, sus empresas y el entorno político de Espert. Se esperan peritajes sobre computadoras y celulares secuestrados en los operativos de este jueves.

La situación judicial del diputado libertario marca un golpe político fuerte, no solo por su rol público, sino también por el momento electoral en que se produce. La licencia que presentó Espert con goce de sueldo no implica la pérdida de fueros, pero lo deja temporalmente fuera de la actividad legislativa, en medio de un proceso judicial que promete ser extenso y mediático.

La relación entre Espert y Machado comenzó a ser observada hace varios años, cuando trascendió que el empresario había financiado parte de su logística de campaña. Las revelaciones sobre vuelos privados, aportes no declarados y contratos por cifras millonarias abrieron una línea de investigación que hoy pone al diputado bajo la lupa judicial.