El Senado reaviva el debate sobre limitaciones y regulaciones a las apuestas online

El Senado retomó la discusión del proyecto que regula las ciberapuestas y busca combatir la ludopatía, una problemática que crece entre los adolescentes argentinos. La iniciativa, con media sanción de Diputados, había quedado relegada por las presiones empresariales, pero las tensiones internas del bloque kirchnerista impulsaron su reactivación.

Fuentes legislativas confirmaron que las diferencias dentro del interbloque peronista, encabezado por José Mayans, y el rol de La Cámpora fueron decisivos para convocar el plenario de comisiones el pasado 1° de octubre. Desde el entorno de Cristina Kirchner se habrían promovido los tiempos de debate para incomodar a sectores vinculados a un empresario del rubro.

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Durante la reunión, presidida por representantes de la senadora Lucía Corpacci, se analizaron cuestiones técnicas y se abrió un plazo de una semana para incorporar modificaciones. “No se debatió nada en relación al proyecto”, comentó uno de los asesores presentes, que señaló que la prioridad fue ordenar el proceso interno antes de la próxima plenaria.

El dictamen de Diputados, que tuvo 134 votos a favor y 32 en contra, prohíbe la publicidad y el patrocinio de juegos de azar en redes sociales, medios de comunicación y eventos deportivos. Además, impide el acceso de menores a las plataformas digitales y sanciona con prisión a quienes organicen apuestas no autorizadas.

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La senadora Carolina Losada (UCR) y su par Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) propusieron ajustes sobre los alcances de la publicidad, mientras que Lucila Crexell (Neuquén) planteó eliminar la obligatoriedad de adhesión de las provincias. Carolina Moisés (Jujuy), en tanto, busca un enfoque menos restrictivo para la comunicación comercial.

El proyecto enfrenta resistencias en sectores empresariales del juego y en algunos gobiernos provinciales, que consideran que invade facultades locales. No obstante, sus impulsores insisten en que se trata de una cuestión de salud pública que trasciende los límites jurisdiccionales.

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“El objetivo es reducir el acceso de los jóvenes a un sistema adictivo que los atrapa desde el celular”, señaló una fuente del bloque peronista. Desde la Iglesia, el respaldo al texto aprobado en Diputados se mantiene firme, con pronunciamientos del Episcopado que fueron replicados incluso por la vicepresidenta Victoria Villarruel en redes sociales.