Red Chamber desafía a la Provincia y lleva la pelea por los permisos a la órbita nacional

El conflicto entre el Gobierno del Chubut y la empresa Red Chamber Argentina escaló a un terreno político y jurídico de alto voltaje. La firma norteamericana presentó un extenso descargo ante autoridades nacionales para frenar la ofensiva provincial sobre los permisos de pesca, luego de que el Ejecutivo chubutense notificara la rescisión del contrato de arrendamiento y pidiera dar de baja las autorizaciones de siete buques.

La presentación fue dirigida a la Dirección Nacional de Normativa y Registro de la Pesca. Allí, Red Chamber rechazó el pedido provincial de “dejar sin efecto” los permisos y las cuotas de captura otorgados en 2014, al señalar que esos derechos tienen vigencia nacional hasta septiembre de 2027 para los barcos Cabo Vírgenes, Promarsa III y Promarsa I.

“Una decisión administrativa provincial no puede anular disposiciones nacionales”, sostuvieron los abogados de la compañía, que advirtieron que llevarán la discusión también al fuero federal. La estrategia de la empresa combina apelaciones jerárquicas con acciones judiciales para frenar lo que consideran un avance sin sustento legal.

La ofensiva del Gobierno de Chubut quedó plasmada en la nota del 9 de septiembre, firmada por el secretario de Pesca, Adrián Arbeletche, y dirigida a la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación. En ese documento, la Provincia declaró extinguida la relación contractual con Red Chamber y pidió “dar de baja” todas las autorizaciones para los buques de la flota Promarsa y Cabo.

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La jugada provincial no fue sorpresiva. El conflicto por la planta procesadora y los barcos ex Alpesca venía tensándose desde hace meses, con acusaciones cruzadas y advertencias de judicialización. El Gobierno provincial busca recuperar el control de los permisos y avanzar con un nuevo esquema productivo, mientras que la empresa defiende los derechos que obtuvo mediante actos administrativos nacionales.

En su descargo, Red Chamber cita una resolución del Juzgado Federal de Rawson que señala que “el Secretario de Pesca de Chubut carece de toda representación o facultad legal para actuar respecto de los bienes sujetos a expropiación”, lo que para la compañía refuerza la invalidez de la maniobra provincial.

La empresa también destaca que los contratos de locación de los barcos Promarsa I, Cabo Vírgenes y Promarsa III están debidamente registrados ante el Registro Nacional de Buques y tienen vigencia hasta el 29 de septiembre de 2027. Según su planteo, la solicitud de baja es “manifiestamente improcedente” y vulnera actos administrativos firmes.

El documento enviado a Nación incluye además referencias a las transferencias temporarias de permisos y CITC sobre los buques Patagonia Queen (ex Promarsa II) y Cabo San Sebastián, cuyos derechos se mantienen vigentes hasta que finalice el juicio de expropiación de Alpesca y AP Holding, proceso que sigue abierto. Este punto abre otro frente: la interpretación de las cláusulas del contrato de arrendamiento, que menciona plazos de cinco años prorrogables, pero también sujeta la vigencia a la resolución judicial definitiva.

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En la Casa de Gobierno provincial, el tema es seguido de cerca. La decisión de Arbeletche de avanzar con la rescisión fue respaldada políticamente por el gobernador, en una señal de endurecimiento frente a la empresa. El Ejecutivo provincial quiere dar una señal de autoridad sobre la administración de los recursos pesqueros, en un contexto donde Nación mantiene competencias exclusivas sobre los permisos.

La pulseada se traslada ahora a Buenos Aires. Los organismos nacionales deberán resolver entre el reclamo de Chubut y la defensa legal de Red Chamber, en un escenario que combina argumentos jurídicos con tensión política. Cualquier decisión tendrá impacto directo en la flota, en la actividad industrial y en la relación entre el gobierno provincial y la administración nacional.

Mientras tanto, en el sector pesquero la disputa genera incertidumbre. Las licencias en cuestión corresponden a buques con fuerte presencia en la zafra de langostino y su eventual suspensión podría alterar la próxima temporada. Empresarios y gremios observan con atención cómo se resuelve esta pulseada, que ya trascendió el plano administrativo.

En paralelo, la empresa dejó en claro que no se quedará de brazos cruzados. Advirtió que defenderá sus derechos “por todas las vías legales disponibles” y ya realizó reserva del caso ante la Justicia Federal. El escenario abre una nueva etapa de litigios, con derivaciones políticas que podrían extenderse durante meses.