Denuncian amenazas a la abogada que impulsa el embargo contra la diputada Lorena Villaverde

La causa judicial por la venta irregular de terrenos en Las Grutas sumó un capítulo inesperado. La abogada Verónica Arizcuren denunció haber recibido amenazas y presiones directas para que retire el embargo que pesa sobre las cuentas bancarias de la diputada nacional Lorena Villaverde, en el marco de una demanda civil que impulsan un grupo de vecinos damnificados.

Arizcuren, integrante del foro de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma, relató que todo comenzó con una llamada telefónica de un hombre que se presentó como Santiago Mansilla, supuesto abogado de Villaverde. “Me exigieron que desista del embargo y me acusaron de querer manchar la candidatura de la diputada”, explicó. Según la letrada, el tono fue intimidatorio y fuera de todo marco ético.

“No podía creer lo que estaba escuchando. Me acusaron de algo que no tiene nada que ver con mi trabajo profesional ni con la defensa legítima de mis clientes”, sostuvo. Aclaró que su actuación es estrictamente jurídica, sin vínculos partidarios ni motivaciones electorales. “Mi único compromiso es con las personas que confiaron en mí y con la verdad de los hechos”, agregó.

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En el expediente, el abogado representante de Villaverde solicitó formalmente el levantamiento del embargo, bajo advertencia de iniciar una demanda civil contra Arizcuren y sus clientes por supuestos perjuicios a la candidatura de la legisladora. La abogada interpretó esta maniobra como un intento de presión directa para que abandone la causa. Arizcuren adelantó que presentará la denuncia ante la Justicia para dejar constancia de las amenazas. “No voy a retroceder ni un solo paso. Mi compromiso es con mis clientes y con la verdad de los hechos. Nada, ni amenazas ni acusaciones infundadas, me desviará de este camino”, afirmó.

La causa judicial gira en torno al loteo “Villa Verde” de Las Grutas. Vecinos aseguran haber pagado los terrenos en su totalidad pero nunca recibieron las escrituras. Denuncian que las operaciones fueron irregulares y les generaron perjuicios económicos y personales. La demanda se inició hace más de un año y tiene como eje central determinar responsabilidades en la comercialización de esos lotes.

Entre los antecedentes que vinculan indirectamente a Villaverde, se mencionan operaciones anteriores realizadas bajo su representación política o en su entorno, que fueron objeto de reclamos y consultas administrativas. Si bien no hay condenas ni fallos firmes en su contra, la coincidencia de hechos motivó a los damnificados a impulsar acciones judiciales.

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El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste ordenó el embargo de cuentas bancarias y bienes de Villaverde por alrededor de 50 millones de pesos, en el marco de una demanda por daños y perjuicios. La medida instruyó al Banco Patagonia a retener fondos en moneda nacional y extranjera, plazos fijos, tarjetas, bonos y otros activos a su nombre.

Los fondos retenidos serán depositados en una cuenta judicial especial, hasta que se resuelva la situación de fondo. La demanda está encuadrada en la Ley de Defensa del Consumidor, ya que los denunciantes afirman haber actuado como compradores de buena fe. La denuncia de Arizcuren abre un nuevo frente: pone el foco en las condiciones en las que se desarrollan procesos judiciales cuando involucran a figuras políticas. La abogada busca visibilizar los intentos de condicionamiento que, según afirmó, atentan contra la independencia profesional y la transparencia institucional.