Imputaron a un hombre por integrar una red de sextorsión manejada desde el Instituto Penitenciario

La justicia del Chubut avanza sobre una compleja red de sextorsión que operaba desde el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y que involucra tanto a internos como a personas en libertad. En las últimas horas, la jueza de garantías Eve Ponce imputó a un hombre de Comodoro Rivadavia identificado como M.A., acusado de integrar la organización y colaborar en el circuito financiero del dinero extorsivo.

Según detalló el fiscal general Fernando Rivarola, el acusado habría participado en al menos tres transferencias por un monto total de 9.900.000 pesos. La acusación formal incluye los delitos de asociación ilícita y participación secundaria en extorsión. La audiencia de apertura se realizó de manera virtual, con la presencia del defensor oficial Miguel Moyano, quien no se opuso al planteo de la fiscalía.

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La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito del Ministerio Público Fiscal del Chubut, se inició hace más de dos años tras detectar que desde el penal del IPP se organizaban maniobras delictivas que combinaban engaños digitales y amenazas con contenido íntimo. Los responsables obtenían fotos o videos personales de las víctimas y, mediante distintos ardides, exigían dinero para no difundirlos.

El esquema contaba con un entramado de colaboradores externos que servían como intermediarios financieros, conocidos como “mulas” o “puentes”, encargados de mover el dinero mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales. Las víctimas, en muchos casos, terminaban transfiriendo sumas considerables sin sospechar el origen penitenciario de las operaciones.

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Las pesquisas incluyeron allanamientos, secuestro de teléfonos celulares y análisis de transferencias, además de imputaciones previas a internos del IPP y a familiares o allegados implicados en las maniobras. Los investigadores sostienen que la organización poseía una estructura consolidada, con roles definidos y un sistema de recaudación destinado a sostener el negocio ilícito desde la cárcel.

Con la imputación de M.A., la causa suma un nuevo capítulo y amplía el mapa de responsabilidades. La justicia busca determinar el grado de participación de cada miembro en la cadena delictiva y el destino final de los fondos obtenidos mediante la extorsión. Se prevén nuevas audiencias y posibles ampliaciones de cargos a medida que se avance en la pericia de los dispositivos secuestrados.

Fuente: MPF Chubut