La Ley 90-10 de Santa Cruz bajo la lupa: ¿discriminación laboral o protección provincial?

La implementación de la Ley 90-10 en Santa Cruz encendió un debate que va más allá de la política provincial. La norma fija que el 90 % de los empleos en actividades estratégicas —minería, petróleo y represas— debe quedar en manos de residentes locales, con domicilio certificado y una antigüedad mínima de seis años.

El gobernador Claudio Vidal puso en marcha un operativo de control sin precedentes en rutas, aeropuertos, yacimientos y obras, detectando en la primera jornada 569 trabajadores no residentes, en su mayoría provenientes de Chubut. Para el Ejecutivo provincial, la medida apunta a defender el empleo local y terminar con el uso de domicilios falsos. Para especialistas en derecho constitucional, en cambio, el esquema podría vulnerar derechos consagrados en la Constitución Nacional.

La Constitución argentina garantiza la libertad de circulación y el derecho a trabajar en cualquier punto del país. El artículo 14 asegura el derecho “a trabajar y ejercer toda industria lícita”, mientras que el artículo 16 garantiza la igualdad ante la ley y el acceso a empleos según la idoneidad. Además, el artículo 14 bis establece el derecho a condiciones dignas sin distinciones arbitrarias.

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En ese marco, imponer un cupo del 90 % a residentes locales y exigir seis años de antigüedad en el domicilio puede ser interpretado como una restricción inconstitucional. Algunos constitucionalistas sostienen que esta política crea una “aduana laboral interna”, contraria a la libertad de circulación y a la igualdad entre ciudadanos de distintas provincias.

También rige la Ley 23.592, que prohíbe actos discriminatorios que limiten derechos por razones de “raza, religión, nacionalidad o cualquier otra condición social”. El lugar de residencia puede encuadrarse dentro de esta última categoría si se utiliza para excluir trabajadores de otras jurisdicciones, sobre todo cuando no se evalúa la idoneidad de manera objetiva.

El caso de Santa Cruz no es aislado. Río Negro aplica desde hace años un esquema similar, pero con un cupo 80-20, que exige a las empresas contratar al menos el 80 % de su personal entre residentes provinciales. Aunque menos restrictiva, esta política también ha sido cuestionada en ámbitos jurídicos y sindicales por limitar el acceso a oportunidades laborales para personas de otras provincias, sin un análisis individual de capacidades o experiencia.

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La provincia de Santa Cruz sostiene que su norma responde a prácticas extendidas de empresas que presentaban domicilios falsos para eludir cupos. Vidal insiste en que “el recurso es de los santacruceños” y exige que las compañías que operen en el territorio radique a sus trabajadores de forma real y permanente. Sin embargo, el método elegido para garantizar esa prioridad abre una discusión jurídica compleja.

Especialistas advierten que las provincias pueden fomentar la contratación local, pero no imponer restricciones que vulneren derechos constitucionales. Incentivar radicaciones no es lo mismo que excluir trabajadores por no cumplir con una antigüedad domiciliaria.

La tensión entre autonomía provincial y derechos federales es el núcleo del debate. Las provincias tienen margen para regular su empleo público, pero no pueden limitar derechos de ciudadanos argentinos en actividades privadas ni impedir su circulación dentro del territorio nacional. Si la Ley 90-10 se aplica estrictamente, no se descarta que empresas, sindicatos o trabajadores afectados inicien acciones judiciales.

Por ahora, Santa Cruz avanza con controles intensivos, verificaciones de DNI y sistemas digitales que se actualizan cada 15 días. El mensaje político es claro: priorizar el trabajo para los residentes provinciales. El debate jurídico, en cambio, recién empieza y podría llegar a instancias nacionales si surgen demandas que cuestionen la constitucionalidad de estas normas.