Preska exige los chats de exfuncionarios argentinos en la causa YPF y advierte sobre sanciones

El litigio por la nacionalización de YPF volvió a tensar las relaciones entre la Argentina y la Justicia estadounidense. La jueza Loretta Preska, a cargo del caso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ratificó su decisión de exigir comunicaciones electrónicas de funcionarios y exfuncionarios argentinos, con el objetivo de establecer el vínculo entre la petrolera y el Estado nacional.

Durante una nueva audiencia celebrada en Nueva York, los demandantes denunciaron “el incumplimiento total” de la orden judicial que obliga al país a entregar esos registros. Preska deslizó la posibilidad de abrir una nueva investigación por desacato si no se cumple con las fechas establecidas.

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La magistrada busca determinar la naturaleza exacta de la relación entre YPF y el Gobierno argentino, para evaluar posibles embargos de activos en el exterior que permitan sustentar el pago de los US$ 16.000 millones fijados por la sentencia del año pasado. Si bien esta causa no está directamente vinculada con la apelación del fallo principal, forma parte de una derivación orientada a garantizar su cumplimiento.

Fuentes allegadas al proceso explicaron que la defensa argentina pidió tiempo adicional para reunir las comunicaciones solicitadas y aseguró estar gestionando la “cooperación” de los involucrados. Sin embargo, advirtió ante el tribunal que no puede garantizar la preservación completa de esos mensajes, un punto que generó inquietud entre los demandantes.

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La jueza fue tajante al ampliar su requerimiento. Ordenó incluir contactos realizados a través de plataformas como WhatsApp, Signal y redes sociales, además de correos electrónicos y mensajes oficiales. En el mismo dictamen, fijó dos fechas clave: antes del 10 de noviembre, la Argentina deberá informar quiénes entregarán la información, y a partir del 21 de noviembre comenzará la producción formal de documentos.

Los beneficiarios del fallo reclamaron que, en caso de no cumplirse el cronograma, Preska convoque una audiencia por desacato para definir eventuales sanciones. Según los abogados del grupo demandante, la falta de colaboración podría interpretarse como una maniobra dilatoria frente al fallo que condenó al país por la expropiación de la petrolera en 2012.

Fuente: NA.