Piden hasta 10 años de prisión para la cúpula de Luz y Fuerza en un juicio por defraudación y lavado

El juicio que sacude al Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba entró en su tramo decisivo. El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal 2, Carlos Casas Nóblega, formalizó pedidos de pena que marcan uno de los capítulos judiciales más duros para la histórica organización. Las condenas solicitadas llegan hasta los 10 años de prisión y alcanzan a su exlíder, a la actual conducción y a los encargados de manejar las finanzas del gremio.

La solicitud más elevada recayó sobre Gabriel Suárez, secretario general durante el período investigado, entre 2011 y 2019. Para él, la Fiscalía pidió 10 años de prisión, ocho años de inhabilitación para ejercer cargos gremiales y una multa de $15,6 millones. Casas Nóblega sostuvo que Suárez fue uno de los arquitectos de una maniobra sistemática de desvío de fondos, lavado de activos y asociación ilícita.

El actual titular del sindicato, Jorge Molina Herrera, tampoco quedó al margen. El fiscal reclamó 9 años y 6 meses de prisión, ocho años de inhabilitación y una multa de $67,5 millones, la más alta del expediente. Para el responsable de Finanzas en aquel período, Fernando Navarro, la pena solicitada es idéntica: 9 años y 6 meses, inhabilitación por ocho años y una multa de $12,6 millones.

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La acusación señala a los tres como principales autores de las maniobras, que habrían implicado el desvío intencional de cheques destinados al Fondo Compensador para jubilados y a la Obra Social del gremio, con un perjuicio superior a $215 millones para el primero y más de $6 millones para la segunda. El mecanismo, según describió la Fiscalía, se basaba en la emisión de cheques a proveedores reales o ficticios que luego eran endosados a terceros vinculados a la mutual Ampes o a financieras externas, perdiendo trazabilidad antes de ser cobrados en el Banco Nación o el Banco de Córdoba.

El esquema incluía tres tipos de maniobras: cheques emitidos por Suárez, Navarro y Molina Herrera que eran redirigidos por intermediarios; documentos puestos a nombre de apoderados como Alexis Fidelbo y José Ramón Galván y luego reendosados; o directamente cheques cobrados por los propios apoderados. En casi todos los casos, los montos no superaban los $50 mil para evitar controles del Banco Central.

Además, la Fiscalía avanzó con pedidos de condena por lavado de activos contra Suárez, Molina Herrera y Navarro. Para fundamentarlo, analizó movimientos vinculados a compra de inmuebles, autos y divisas, presuntamente adquiridos con dinero obtenido de forma ilícita. Un episodio que llamó la atención del tribunal fue la compra de fichas de casino por $13 millones realizada por Molina Herrera en 2012.

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El resto de los acusados también enfrenta pedidos de prisión:

Daniel Edgardo Lozano: 5 años y 6 meses.

Roque Daniel Tapia: 5 años.

Alexis Daniel Fidelbo: 5 años.

José Ramón Galván: 5 años.

Yanina Victoria Molina: 3 años.

La próxima etapa llegará el 28 de noviembre, cuando los defensores —Ernesto Gavier, Tristán Gavier e Iván Mochovsky— presenten sus alegatos. El 1 de diciembre será la audiencia final, donde los acusados podrán pronunciar sus últimas palabras antes de que los jueces pasen a deliberar.

El caso, seguido de cerca por el sector gremial y político cordobés, podría marcar un precedente fuerte para el sindicalismo argentino: la cúpula de una de las organizaciones históricas enfrenta las penas más duras solicitadas en años por delitos económicos cometidos dentro de una estructura sindical.