Perú extiende el estado de emergencia en Lima y Callao ante el avance del crimen organizado
Actualidad20/11/2025
REDACCIÓN
Estado de emergencia en Perú
El Gobierno de Perú decidió extender por un mes el estado de emergencia que rige en Lima y en la provincia del Callao. La medida apunta a mejorar la respuesta del Estado frente a hechos vinculados a extorsiones, sicariato y redes delictivas, un fenómeno que se agravó en los últimos meses y generó preocupación en distintos sectores sociales.
La resolución, publicada en el diario oficial El Peruano, establece que la Policía Nacional continuará a cargo del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto implica la continuidad de restricciones sobre garantías constitucionales, entre ellas la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, además de límites específicos a la circulación en horarios determinados.
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Para eventos de gran concurrencia, como celebraciones religiosas, actividades culturales o encuentros deportivos, será obligatorio tramitar una autorización previa. Las autoridades buscan ordenar esos espacios para evitar incidentes y asegurar la capacidad operativa en zonas donde el Estado mantiene presencia limitada, una situación que se profundizó por el avance del crimen organizado.
El decreto también confirma medidas adicionales que ya se encuentran en marcha. Entre ellas se destacan los controles territoriales apoyados en tecnología satelital, refuerzos en establecimientos penitenciarios y la participación de cadetes de institutos policiales y militares en operativos especiales. Estas acciones buscan ampliar la capacidad de reacción en áreas donde se detectaron focos intensos de violencia.
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El anuncio se conoció dos días después de que el presidente de transición, José Jerí, afirmara que Perú está “en guerra” contra organizaciones que estructuran sus operaciones en distintos puntos del país. El mandatario sostuvo que la continuidad del estado de emergencia permite avanzar “de la defensiva a la ofensiva”, aludiendo a la necesidad de cortar circuitos delictivos que actúan con planificación sostenida.
Jerí indicó además que su administración trabaja en medidas “más contundentes” para el sistema penitenciario. Según informes oficiales, muchas operaciones de extorsión y sicariato se organizan desde las cárceles, por lo que el gobierno considera esencial intervenir esos espacios para desarticular redes que operan con capacidad logística y financiamiento estable.
La prórroga llega en un contexto de tensión social, con reclamos por mayor presencia estatal y pedidos de acciones más intensas para recuperar zonas donde la violencia modificó la vida cotidiana. Las autoridades insistieron en que el objetivo inmediato es garantizar seguridad y fortalecer la coordinación entre organismos para reducir el margen de acción de grupos criminales.
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