Detalles del nuevo Código Penal sobre homicidios, narcotráfico, corrupción y cibercrimen

El Gobierno nacional expuso en Buenos Aires una propuesta integral para modificar el Código Penal y actualizar un marco que permanece casi intacto desde 1921. La iniciativa se presentó como un paquete que modifica escalas punitivas, incorpora delitos modernos y redefine la responsabilidad sobre hechos que generan preocupación social, en un contexto donde se busca un sistema más riguroso y acorde a fenómenos actuales. La ministra saliente Patricia Bullrich remarcó que las sanciones más altas buscan limitar la reincidencia e impulsar un esquema de penas efectivas.

El proyecto establece que las condenas perpetuas serán de cumplimiento real de por vida y que los delitos más graves no podrán prescribir. El Ministerio de Justicia acompañó la presentación con un informe técnico que detalla el impacto de la nueva estructura penal y subraya que gran parte de las penas mínimas serán elevadas para evitar beneficios que hoy permiten que muchos condenados no ingresen a prisión. El texto también incorpora agravantes específicos para delitos cometidos contra personas en situación vulnerable y en hechos donde exista violencia extrema.

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La reforma incorpora un capítulo destinado a casos de corrupción tanto en el ámbito público como privado. Allí se prevé un esquema más estricto para quienes ocupen cargos de responsabilidad y utilicen recursos estatales en beneficio personal. Según la propuesta, la escala de sanciones crecerá de manera significativa y se sumarán reglas de decomiso y pérdida total de bienes vinculados a maniobras ilícitas. La iniciativa plantea que los funcionarios tendrán mayor responsabilidad penal al administrar fondos públicos.

Otro eje central se ubica en los hechos vinculados a narcotráfico. El proyecto amplía el alcance de la persecución penal y endurece las sanciones para etapas de producción, logística y comercialización. Además, prevé penas más altas cuando exista participación de menores o intervención de organismos estatales. El objetivo es reforzar el control sobre redes criminales que operan con estructuras complejas y con capacidad transnacional.

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La propuesta también incorpora un capítulo destinado a hechos violentos en espectáculos deportivos y eventos masivos. Allí se incluyen sanciones más severas tanto para participantes directos como para organizadores y promotores de hechos que pongan en riesgo a grandes grupos de personas. Para el Gobierno, este punto busca frenar situaciones que se repiten en distintos estadios del país y que generan preocupación social. La iniciativa pretende reforzar la seguridad en espacios con concurrencia numerosa.

El texto incluye modificaciones profundas en delitos viales, con sanciones más altas para conductas imprudentes, maniobras temerarias, alcoholemia y carreras ilegales. Las escalas también se agravan cuando existen víctimas múltiples o cuando la conducta del conductor genera un daño colectivo. La reforma busca reducir hechos graves que se reiteran en rutas y zonas urbanas.

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Entre las novedades, la propuesta suma un capítulo completo de cibercrimen. La norma contempla el acceso no autorizado a sistemas, fraude informático, suplantación de identidad, manipulación de datos, difusión de contenido íntimo sin consentimiento y delitos que se cometen desde entornos digitales. La inclusión apunta a una actualización tecnológica que el Código Penal vigente no contempla de forma adecuada. El Gobierno considera indispensable incorporar herramientas para delitos que avanzan en contextos virtuales.

También se incorpora la figura de ecocidio junto a un conjunto de delitos ambientales agravados. El proyecto prevé penas más altas para daños irreversibles en ecosistemas, impactos en áreas protegidas o afectación a la salud pública por acciones irresponsables. La iniciativa alinea estos puntos con debates internacionales y con la necesidad de fortalecer la protección del ambiente. La reforma convierte al daño ambiental severo en un delito con peso en el ámbito penal.

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Finalmente, el proyecto establece cambios en el sistema electoral, con sanciones para conductas que afecten la transparencia del voto y para maniobras digitales destinadas a manipular información. Este eje incluye penalidades para la alteración de audios, imágenes, perfiles o datos vinculados a campañas y actos electorales. El Gobierno sostiene que la actualización de estas normas responde a la necesidad de preservar la integridad del proceso democrático.

Fuente: Perfil, Clarín, Infobae, La Nación.