Un acusado de atacar a puñaladas quedó en libertad pero con fuertes restricciones judiciales

El caso que conmocionó a Rawson llegó a su primera instancia judicial con una audiencia extensa y marcada por versiones contrapuestas. La jueza de garantías Eve Ponce autorizó la apertura de la investigación y dispuso que el imputado permanezca en libertad, aunque con un régimen de restricciones que implica no acercarse a las víctimas, ni a su propia vivienda, ni al domicilio donde ocurrieron los hechos. Además, deberá presentarse cada diez días en la Oficina Judicial.

El episodio investigado ocurrió el pasado domingo por la noche en una casa precaria de la chacra 8. Allí se encontraban el agresor y las dos víctimas, quienes habían compartido el día con familiares. Según los testimonios, una discusión entre el imputado y una mujer derivó en un ataque con un cuchillo, momento en el que la víctima sufrió un corte profundo en el rostro. El hermano de la mujer intervino, lo que derivó en un segundo herido con lesiones en la cara, la espalda y los brazos.

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Tras el ataque, el atacante se retiró en bicicleta. Personal de la División de Investigaciones localizó su domicilio y, por pedido de los fiscales Leonardo Cheuquemán y Janet Davies, se montó una consigna policial. La detención se concretó el lunes por la tarde por orden de la magistrada, luego de considerarse que existía riesgo de fuga.

Las heridas de las víctimas obligaron a una rápida intervención médica. La mujer fue trasladada del Hospital Santa Teresita al Hospital de Trelew por la gravedad del corte, que se extendía desde el pómulo hasta la mandíbula. Su hermano también recibió atención por múltiples cortes y hematomas. En la vivienda, Criminalística secuestró ropa ensangrentada, teléfonos y la bicicleta utilizada por el imputado. El arma blanca aún no fue hallada.

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La Fiscalía sostuvo que el caso debía tratarse como tentativa de homicidio debido a la violencia empleada y al riesgo que presentaron las lesiones. La procuradora Davies destacó contactos recientes entre el imputado y una de las víctimas, lo que, a su criterio, reforzaba la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Ese intercambio telefónico fue uno de los elementos valorados para justificar las restricciones impuestas.

La defensa oficial, representada por Miguel Moyano, cuestionó la calificación y consideró “infundados” los argumentos de la fiscalía. El defensor señaló que varios testigos se encontraban en estado de ebriedad, lo cual, según su planteo, afectaría la fiabilidad de sus declaraciones. También afirmó que no se oponía a la apertura de la investigación, pero pidió readecuar los hechos al tipo penal que, a su entender, mejor se ajusta a lo ocurrido.

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En su resolución, la jueza Ponce alivió la calificación inicial, aunque coincidió en que persiste el riesgo procesal. Ordenó que el acusado permanezca sujeto a estrictas prohibiciones de acercamiento mientras avanza la causa, y pidió a la Fiscalía reexaminar la descripción de los hechos incorporando los aportes defensivos. El plazo de investigación será de seis meses.