El Gobierno avanza para eliminar el Estatuto del Periodista y el sector advierte un retroceso histórico

La Casa Rosada sumó la derogación del régimen especial de prensa dentro de la reforma laboral enviada al Congreso. La medida sacude a sindicatos, redacciones y asociaciones profesionales, que alertan por una pérdida de derechos acumulados en casi ocho décadas.

El Poder Ejecutivo formalizó este jueves el ingreso del proyecto y propone derogar de manera íntegra el Estatuto del Periodista Profesional, norma que desde 1946 regula las condiciones de trabajo, las obligaciones y las garantías de quienes ejercen el periodismo en relación de dependencia. La iniciativa aparece en el artículo 194 del capítulo de “Derogaciones”, incorporado al texto final que firmó el presidente Javier Milei tras su regreso de Oslo.

La Ley 12.908 nació como un marco protector para una actividad con funciones específicas, riesgos particulares y un fuerte componente de interés público. Su origen se remonta al decreto 7618/44, emitido por un gobierno militar, y luego ratificado por el Congreso con amplio consenso político en diciembre de 1946.

Desde entonces, el estatuto ordenó categorías profesionales, requisitos de ingreso, tipos de contrato, licencias, procedimientos para despidos, indemnizaciones especiales y pautas de estabilidad, y sumó garantías vinculadas a la libertad de expresión, la ética en el ejercicio periodístico y la protección frente a sanciones arbitrarias. Para muchos especialistas, fue el primer intento serio de reconocer la singularidad del trabajo en prensa y su rol dentro de la vida democrática.

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La propuesta del Ejecutivo deroga no solo la ley original, sino también todas las normas complementarias aprobadas en las últimas décadas, lo que en los hechos desarma el esquema específico para la actividad y deja a los trabajadores bajo la Ley de Contrato de Trabajo sin contemplar particularidades propias de la profesión.

Las consecuencias, advierten organizaciones del sector, serían directas. Desaparecerían indemnizaciones agravadas, el preaviso diferenciado, límites a suspensiones y despidos y pautas de estabilidad para situaciones excepcionales. También caería la estructura profesional que ordena cargos y funciones dentro de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales.

Sindicatos, asociaciones y colectivos de periodistas reaccionaron de inmediato. Advierten que la derogación puede traducirse en mayor precariedad, pérdida de derechos adquiridos, menor protección frente a despidos y un debilitamiento del marco que históricamente resguardó la libertad de expresión en el ámbito laboral. En varias redacciones ya comenzaron asambleas informativas y se evalúan medidas.

Las empresas, por su parte, siguen el debate con posturas divididas. Sectores empresarios valoran la simplificación administrativa y la “homogeneización” de marcos laborales, mientras otros reconocen que el estatuto estableció parámetros que ordenaron históricamente la profesión y le dieron previsibilidad al sector.

Desde el Gobierno, la Casa Rosada asegura que la derogación forma parte de un proceso más amplio de simplificación normativa, cuyo propósito es modernizar el esquema laboral argentino. Sostienen que los regímenes especiales generan rigideces y que la Ley de Contrato de Trabajo ofrece un marco suficiente para todos los sectores.

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En el Congreso, la discusión promete tensiones entre oficialismo, bloques dialoguistas y oposición, especialmente porque el estatuto siempre ocupó un lugar simbólico: no solo regula relaciones laborales, sino que define a la prensa como un actor clave para el control público y el funcionamiento democrático.

Mientras la Cámara de Diputados se prepara para iniciar el debate, el sector periodístico advierte que sin un marco diferenciado la actividad queda más expuesta a presiones, arbitrariedades empresariales y condiciones de inestabilidad, en un contexto donde se discute también el financiamiento de los medios, la concentración del mercado y las nuevas dinámicas laborales del ecosistema digital.

En paralelo, juristas laboralistas ya anticipan controversias judiciales. La eliminación abrupta de un régimen protector vigente desde hace 78 años podría abrir planteos de irretroactividad, conflictos en convenios colectivos y reclamos por derechos adquiridos. La letra fina de la implementación será tan determinante como el debate político.

A medida que avanza la discusión, el futuro del Estatuto del Periodista deja de ser un tema corporativo y se convierte en un debate sobre cómo se regula una actividad estratégica para la vida democrática, su estabilidad laboral y su independencia frente a poderes públicos y privados.