La IGJ rechazó nombrar veedores en la AFA y la Liga y fijó límites a su intervención
Actualidad22/12/2025
REDACCIÓN
El organismo que conduce Daniel Vítolo desestimó el pedido de Graciela Ocaña y sostuvo que la solicitud resulta prematura. Argumentó razones legales, administrativas y de competencia institucional.
La Inspección General de Justicia resolvió rechazar el pedido para designar veedores en la Asociación del Fútbol Argentino y en la Liga Profesional de Fútbol. La decisión fue firmada por su titular, Daniel Vítolo, y puso freno a la solicitud presentada por la diputada porteña Graciela Ocaña.
El planteo buscaba que un supervisor controle la gestión de ambas entidades y garantice que sus actos se ajusten a la ley. Según la legisladora, la medida no afectaría la relación con la FIFA ni el funcionamiento de la Selección y los clubes.
Desde la IGJ sostuvieron que el pedido resulta “prematuro” y carece de sustento procesal. El organismo explicó que todavía no vencieron los plazos otorgados a la AFA y a la Liga para responder las intimaciones vinculadas a sus balances.
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La resolución recordó que días atrás la IGJ exigió explicaciones contables y citó a los auditores que firmaron los estados financieros. Hasta el momento, esas respuestas no fueron presentadas, lo que impide avanzar con medidas extraordinarias.
Otro punto central del rechazo se apoyó en la falta de competencia del organismo. En el texto oficial se remarca que “la IGJ no es competente para disponer una intervención administrativa, ni siquiera en grado de veeduría, en asociaciones civiles como la AFA y la Superliga”.
Según el criterio del organismo, esa facultad corresponde de manera exclusiva al Ministerio de Justicia. Por ese motivo, cualquier recomendación en ese sentido excedería el marco legal de actuación de la Inspección.
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La resolución también advirtió que avanzar con una veeduría podría interferir con investigaciones judiciales en curso. El documento señala que una medida de ese tipo podría superponerse con decisiones adoptadas por tribunales que analizan eventuales irregularidades.
Además, la IGJ cuestionó el alcance del pedido de Ocaña al considerarlo genérico y sin hechos concretos. Indicó que la solicitud apuntó a un control global de las entidades, algo que no se ajusta a las atribuciones del organismo.
Con este pronunciamiento, la IGJ ratificó que cualquier fiscalización extraordinaria deberá esperar el cierre de los procesos administrativos vigentes. La atención ahora se centra en las respuestas que la AFA y la Liga Profesional presenten antes de fines de enero de 2026.
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