La investigación por trata de alumnas en Salta suma 33 víctimas y extiende plazos judiciales

La causa por trata sexual de alumnas de escuelas secundarias en la provincia de Salta alcanzó un nuevo umbral: 33 víctimas identificadas y nueve personas imputadas, según confirmaron fuentes judiciales. Frente a la gravedad de los hechos y la posibilidad de que aparezcan más adolescentes afectadas, se autorizó ampliar las imputaciones penales y extender el plazo de investigación hasta fines de mayo de 2026.

La decisión se adoptó en una audiencia reciente ante el Julio Bavio, juez federal de Garantías N°1, quien avaló el pedido de los fiscales Eduardo Villalba y Roxana Gual. La investigación se centra en una red de captación de estudiantes, tanto de colegios públicos como privados, con fines de explotación sexual.

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El expediente se inició a mediados de junio tras la primera denuncia, que permitió en septiembre la detención de cuatro personas imputadas como coautoras del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, con agravantes por vulnerabilidad, minoridad, cantidad de víctimas, número de intervinientes y por la consumación de la explotación. Con el avance de la pesquisa, se sumaron otros cinco implicados, todos con roles activos dentro del entramado.

Durante la investigación, el número de víctimas creció de tres a 33 y los fiscales advirtieron que no se descarta la existencia de más adolescentes afectadas. Parte de la reconstrucción del caso se apoyó en una denuncia realizada por la madre de una de las víctimas, quien detectó mensajes de índole sexual en un celular de alta gama en poder de su hija; entre ellos, un mensaje enviado por un remisero hoy imputado, que hacía referencia a otra hija de la familia, de 12 años.

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La fiscalía describió con precisión la lógica de funcionamiento de la red y su objetivo. En la audiencia se puntualizó que “a tal punto era la perversidad que descartaban a las adolescentes que avanzaban en edad. Cuando ya cumplía los 18 años, las desechaban”. Según los investigadores, el remisero fue identificado como fundador del circuito, quien recibía dinero por coordinar los servicios sexuales, aunque no actuó en soledad: las víctimas relataron un patrón común en el que “les pedían que consigan más amigas”.

En términos probatorios, el fiscal general sostuvo que “se acreditó la existencia de un número importante de víctimas niñas, las que quedaron presas de una red que, con distintos fines, le permitía a los imputados explotarlas sexualmente”. El cierre de la audiencia dejó abierta una línea de trabajo adicional: “analizar un gran cúmulo de material probatorio que podría develar otros delitos, o bien, identificar a otras personas implicadas en esta red de trata sexual”.

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La extensión del plazo hasta 2026 busca profundizar pericias, testimonios y análisis de dispositivos, con el foco puesto en proteger a las víctimas, ampliar responsabilidades y asegurar el alcance integral de la investigación en uno de los casos más sensibles registrados en la provincia.

Fuente: NA.