El juicio por la causa Cuadernos retomará en febrero con límites estrictos para los planteos defensivos

La última audiencia del año en el juicio conocido como la causa Cuadernos dejó definiciones procesales que ordenan el inicio de la próxima etapa. El Tribunal Oral Federal 7 resolvió que, una vez finalizada la feria judicial de verano, las defensas dispondrán de un tiempo máximo de 45 minutos para presentar sus planteos preliminares cuando el debate se reanude en febrero.

Antes de comenzar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y del exministro Julio De Vido solicitaron una ampliación de ese plazo. El pedido surgió tras la notificación del cronograma previsto para febrero, que fija un esquema uniforme para todas las partes. Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero mantuvieron el criterio adoptado y ratificaron el límite temporal.

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Durante la audiencia también comenzó la lectura del requerimiento fiscal correspondiente al tramo “Corredores Viales”, una parte del expediente que alcanza a diez personas y no incluye a la expresidenta. La acusación, formulada por el fiscal Carlos Stornelli, encuadra los hechos en una asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015, con un sistema de recaudación de fondos ilegales mediante el pago de coimas.

Según la imputación, el esquema buscó el enriquecimiento ilícito de funcionarios y la utilización de parte de esos recursos para otros delitos. En ese marco, se atribuyó a Julio De Vido un rol central, con varios hechos de cohecho pasivo en carácter de coautor, vinculados a los corredores viales 1, 2, 3 y 4.

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La acusación describió una mecánica reiterada de pagos ilegales efectuados por empresas concesionarias a cambio de mantener contratos, evitar sanciones y asegurar el flujo de fondos provenientes de fideicomisos estatales. Claudio Uberti fue señalado como el funcionario encargado de exigir y recibir esos pagos, con seis hechos de cohecho pasivo imputados.

En la misma línea, se detalló la situación de empresarios y directivos vinculados a distintas concesiones viales, entre ellos Miguel Marcelino Aznar, Patricio Gerbi, Marcela Edith Sztenberg, Obdulio Ángel Barbeito, Juan Manuel Collazo, Juan Marcos Perona y Marcelo Marcuzzi. Para la fiscalía, los pagos se realizaban en efectivo, de forma periódica y bajo presión, con montos variables según el corredor y el momento de la concesión.

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Tras un cuarto intermedio, la audiencia continuó con la exposición de la Unidad de Información Financiera, que actúa como querellante. El organismo sostuvo que existió una organización criminal que operó desde áreas del Poder Ejecutivo Nacional y del ex Ministerio de Planificación Federal, con mecanismos sistemáticos de recaudación ilegal en distintos sectores.

Durante la lectura de los descargos, De Vido negó los hechos y rechazó haber integrado o coordinado una asociación ilícita desde su función pública. Otros imputados ratificaron declaraciones previas como colaboradores, mientras que varios empresarios afirmaron haber actuado bajo amenazas y extorsiones por parte de funcionarios.

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Al cierre de la jornada, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 3 de febrero de 2026, dando por concluida la actividad del debate en 2025. Para la reanudación del proceso, las cuestiones preliminares se tratarán bajo el esquema de tiempo ya fijado por el TOF 7, sin cambios respecto de lo anunciado.