AFA y una trama por USD 42 millones: cuatro patagónicos figuran detrás de LLC en Florida
Actualidad31/12/2025
Sergio Bustos
AFA, nombres patagónicos.
La administración de fondos internacionales vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó envuelta en cuestionamientos tras la difusión de una operatoria montada desde Estados Unidos. La información describe movimientos por cientos de millones de dólares, cuentas bancarias en el exterior y transferencias hacia sociedades registradas en Florida sin empleados ni actividad declarada, un dato que multiplicó las dudas sobre transparencia y beneficiarios finales.
De acuerdo con los datos publicados, durante cuatro años una estructura bancaria canalizó más de USD 260 millones asociados a ingresos de la Selección, patrocinadores y derechos comerciales. Dentro de ese flujo, el foco se posó en una cuenta utilizada para centralizar cobros y pagos fuera del país. Desde allí, siempre según esa reconstrucción, se enviaron al menos USD 42 millones a cuatro firmas sin operaciones comerciales visibles.
El núcleo operativo del circuito aparece asociado a TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Florida en agosto de 2021. Según se detalla, pocos meses después quedó designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior tras la aprobación del comité ejecutivo encabezado por Claudio “Chiqui” Tapia. Desde ese lugar, habría concentrado la recaudación vinculada a sponsorización, derechos televisivos y partidos amistosos.
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Los registros mencionados señalan que TourProdEnter operó cuentas en bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus, por donde circularon montos millonarios. Entre los aportantes se menciona a Adidas, con transferencias superiores a USD 78 millones, además de firmas relacionadas con streaming oficial y comercialización de contenidos. Una parte relevante del dinero, siempre según el informe, tomó otro rumbo hacia Adcap Uruguay, que recibió cerca de USD 110 millones para operaciones financieras vinculadas a bonos.
En paralelo, el texto remarca un punto sensible: los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ) solo incluirían una mención aislada a TourProdEnter, sin detallar su papel dentro de la estructura internacional. Esa falta de desagregación, sumada a la complejidad del circuito, alimenta la discusión sobre cómo se reflejaron esas operaciones y qué información quedó fuera de la documentación local.
El tramo más delicado se ubica en el destino de los USD 42 millones transferidos a cuatro sociedades registradas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. En la publicación se describe que estas firmas no registran empleados, declaran direcciones de “oficina virtual” y no muestran actividad comercial verificable. Incluso se menciona un caso en el que una LLC habría recibido transferencias después de figurar como disuelta, un dato que refuerza los interrogantes.
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Según se indica, y se atribuye a una investigación periodística, los titulares declarados residen en Bariloche y presentan perfiles que no se corresponden con el manejo de sumas millonarias. En la nómina aparecen Javier Alejandro Ojeda Jara, asociado a Soagu Services LLC, y su pareja Mariela Marisa Schmalz, señalada como titular de Marmasch LLC. También figuran Verónica Inés López, vinculada a Velp LLC, y Roberto Salice, relacionado con Velpasalt LLC, quien habría sido declarado en quiebra en 2019 en un proceso mencionado bajo sospecha de fraude.
El texto agrega que las direcciones comerciales declaradas en Miami no coincidirían con empresas visibles en los edificios señalados y que dos de las sociedades usaron como agente registrador a Registered Agents Inc., una firma citada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras opacas. Además, se consigna que intentos periodísticos de contacto con responsables no tuvieron respuesta, mientras desde el entorno de TourProdEnter sostienen la legalidad de la operatoria y su encuadre contractual.
En ese marco, Salice negó vínculos con TourProdEnter LLC y afirmó que su rol era únicamente el de “manager”, la única definición textual incluida en el material difundido. Más allá de esa afirmación, la nota sostiene que la imposibilidad de rastrear con claridad el destino final de los fondos y la falta de detalle en balances mantienen abiertas las preguntas sobre el esquema.
En paralelo, el texto describe un avance judicial en Argentina por una investigación por presunto lavado vinculada a la compra de una propiedad en Villa Rosa, Pilar, y a un patrimonio que, según se afirma, resultaría difícil de justificar. La causa se ubica bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky, quien habría ordenado levantar secreto fiscal y bancario de los involucrados, con pericias que detectaron una brecha entre bienes registrados y capacidad contributiva declarada. La evolución de esa investigación y el cruce con la operatoria en el exterior marcarán el próximo tramo del caso.
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