Deportaron a cuatro ciudadanos chilenos condenados por robos armados y delitos agravados
Policiales02/01/2026
REDACCIÓN
Cuatro ciudadanos chilenos fueron deportados del país luego de recibir condenas a prisión por cometer una serie de delitos graves en territorio argentino. La medida se concretó tras un procedimiento coordinado entre fuerzas federales, la Justicia y organismos migratorios, una vez cumplidas las instancias judiciales correspondientes.
Según informaron fuentes policiales, los implicados formaban parte de una organización criminal que operaba de manera sistemática y estaba vinculada a robos calificados, incluyendo asaltos a mano armada y hechos agravados por haber sido cometidos en poblado y en banda, una figura penal que contempla penas más severas.
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Los condenados se encontraban alojados en alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, donde cumplían las penas impuestas por la Justicia. A partir de la resolución judicial, se dispuso su expulsión del país en el marco de la normativa vigente para ciudadanos extranjeros condenados por delitos graves.
El operativo de traslado estuvo a cargo de personal de la Policía Federal Argentina, a través de la Comisión de Asuntos Migratorios, con apoyo de otras áreas especializadas de la DFI. El procedimiento incluyó estrictas medidas de seguridad durante todas las etapas.
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En primer término, los detenidos fueron derivados al Consulado de Chile, donde se realizaron los trámites administrativos y documentales necesarios para formalizar la deportación. La gestión se llevó adelante en coordinación con autoridades diplomáticas del país vecino.
Una vez finalizada esa instancia, los cuatro condenados fueron trasladados al Aeroparque Jorge Newbery, siempre bajo custodia policial, para completar el proceso de expulsión. El traslado se desarrolló sin incidentes y con un esquema de seguridad reforzado.
Los delincuentes abordaron un vuelo con destino a Santiago de Chile, poniendo fin a su permanencia en la Argentina. Desde las fuerzas intervinientes destacaron que el procedimiento se ajustó a los protocolos previstos para este tipo de casos.
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En la causa intervinieron el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 10 de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección Nacional de Migraciones, organismos que coordinaron las actuaciones judiciales y administrativas necesarias para ejecutar la medida.
Desde el ámbito oficial señalaron que este tipo de acciones forman parte de una política sostenida para reforzar los controles migratorios y garantizar que las condenas dictadas por la Justicia tengan consecuencias concretas en los casos de delincuentes extranjeros.
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