El Gobierno de Venezuela dispuso un estado de excepción con alcance nacional y ordenó a los cuerpos de seguridad localizar y detener a personas señaladas por colaborar o apoyar un supuesto ataque armado de Estados Unidos. La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 5.200, que invoca normas constitucionales y de seguridad nacional para su aplicación inmediata.
La decisión habilita facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo por 90 días, prorrogables, e implica la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El texto también prevé la militarización de infraestructuras críticas, entre ellas servicios públicos y la industria petrolera, y contempla requisas de bienes, cierres de fronteras y restricciones a manifestaciones.
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En Caracas, durante el mediodía local, se observaron puntos de control con revisiones de teléfonos celulares y descensos obligatorios de personas de sus vehículos. Estas prácticas se enmarcan en los controles de movilidad y seguridad interna autorizados por el decreto para neutralizar presuntos focos de colaboración externa.
El instrumento legal fue publicado en Gaceta Oficial con fecha 3 de enero y figura con la firma de Nicolás Maduro. Aunque el decreto rige desde el sábado, su difusión oficial se concretó el lunes, lo que activó de manera plena los dispositivos previstos.
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El texto ordena la implementación inmediata de los planes de defensa nacional y faculta a los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) y a los cuerpos de seguridad a identificar, localizar y capturar a ciudadanos acusados de colaborar con potencias extranjeras. La calificación jurídica anunciada es traición, bajo el marco de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
Desde el Ejecutivo, la operación estadounidense fue calificada como "agresión imperialista" y "violación de la soberanía", expresiones que fundamentan el endurecimiento de las medidas. El artículo principal del decreto declara el paso inmediato a la "lucha armada" para proteger instituciones y derechos frente a lo que el texto denomina "guerra colonial".
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El decreto también autoriza el control estatal sobre refinerías, sistemas eléctricos y puertos, con posibilidad de requisar bienes y servicios privados si se consideran necesarios para la defensa nacional. Este alcance redefine competencias y amplía el margen de intervención del Estado en sectores estratégicos.
La orden de arresto específica se vincula a filtraciones en medios estadounidenses sobre la existencia de una fuente interna de la CIA que habría aportado coordenadas para una incursión de la Fuerza Delta. El decreto utiliza ese argumento para justificar una búsqueda interna dentro de las instituciones bajo la premisa de infiltración.
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En el plano internacional, el tono oficial contrastó con una advertencia atribuida a Donald Trump hacia las autoridades venezolanas. En paralelo, la presidenta interina Delcy Rodríguez difundió un comunicado el domingo en el que invitó al diálogo con Estados Unidos, marcando una señal distinta dentro de un escenario de máxima tensión.
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