South Mining bajo intimación por sueldos impagos en VMOS y posible relevo

La Secretaría de Trabajo de Río Negro fijó un plazo de 48 horas para que se regularicen pagos vinculados al conflicto laboral que rodea a South Mining dentro del proyecto YPF VMOS. La intimación, según se informó, alcanzó a South Mining, YPF y VMOS y se enfoca en salarios adeudados y liquidaciones pendientes. La definición del organismo se da mientras las partes discuten cómo sigue la obra civil del campamento y qué destino tiene la mano de obra afectada.

El reclamo que llegó a la audiencia se concentró en montos que, según la información difundida, corresponden a obligaciones concretas con los trabajadores. La deuda incluye la segunda quincena de diciembre, el aguinaldo y, para los operarios despedidos, la liquidación final. En ese marco, el conflicto dejó de ser un cruce interno de empresa y pasó a requerir intervención estatal por el impacto directo sobre ingresos y continuidad laboral.

El alcance del problema se volvió más visible por la cantidad de puestos involucrados. La información base indicó que 59 trabajadores quedaron afectados por despidos, en un escenario donde se discute quién absorbe esa mano de obra. Esa situación instala una doble negociación: por un lado, el pago de lo adeudado; por el otro, la reubicación en nuevas firmas para que el personal no quede afuera del proyecto.

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La discusión también alcanzó a los servicios que sostienen el trabajo cotidiano en obra. Además de los salarios, se registraron incumplimientos con proveedores de rubros esenciales, como alimentación y transporte, lo que agravó el cuadro. Esa cadena de pagos cortada tensó la continuidad operativa y empujó a las partes a una instancia formal con el organismo laboral para evitar que el conflicto escale en el campamento.

En el medio de ese escenario, surgió una explicación desde el lado del proyecto sobre el flujo de fondos. De acuerdo con fuentes de YPF–VMOS, ya se abonaron certificaciones vinculadas a un acuerdo que buscó darle liquidez a la contratista para cancelar deudas salariales. Ese punto quedó como eje de discusión: si el dinero llegó para ese fin, la Secretaría exige que el pago aparezca en el bolsillo del trabajador dentro del plazo fijado.

Mientras se presiona para que se cumpla con las obligaciones, se analiza la continuidad del esquema de contrataciones. Según trascendió, South Mining dejaría el proyecto en el corto plazo y MILICIC tomaría la continuidad de tareas y obras civiles del campamento. Ese movimiento, todavía planteado como escenario posible, se vincula con la necesidad de sostener la marcha de la obra sin cortar el ritmo de trabajos ya comprometidos.

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En paralelo, se proyectó una redistribución del personal en otras empresas para evitar que la desvinculación se traduzca en desempleo directo. El texto indicó que, del total de operarios abocados a la construcción, unos 30 podrían pasar a MILICIC y otros 20 a CB&I. Esa eventual absorción aparece ligada a un objetivo puntual: contener la mano de obra cesante mientras se reordena la estructura de contratistas.

La intervención oficial quedó explicitada por la titular del área, Claudia Zulatto, en declaraciones a Radio Libre. La funcionaria describió el alcance del requerimiento y sostuvo: "La Secretaría de Trabajo solamente exige el pago dentro de las 48 horas a los trabajadores. En este caso ya sería la indemnización final, el aguinaldo y el pago de la quincena correspondiente". La frase ordena la expectativa inmediata: el organismo no negocia plazos extensos, exige cumplimiento en un marco temporal corto.

Zulatto también encuadró el procedimiento en el origen del reclamo y en la normativa laboral aplicable. En esa misma línea afirmó: "Nosotros actuamos sobre un reclamo colectivo presentado por UOCRA y exigimos el cumplimiento de la ley laboral". Según explicó, la audiencia se convocó de manera urgente y participaron representantes de todas las partes, incluidos asesores legales, con la advertencia de que si no se cumple la intimación la Secretaría impulsa el sumario correspondiente.