
Investigan en Corrientes una red financiera ligada a una facción de delincuencia venezolana
Policiales10/01/2026
REDACCIÓN
Una investigación federal en curso busca determinar si una facción del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano, mantiene operaciones activas en la Argentina, con un punto de apoyo identificado en la provincia de Corrientes. El expediente se concentra en maniobras económicas y financieras que habrían permitido sostener actividades ilícitas sin una estructura armada visible.
La causa se originó a partir de una investigación por lavado de dinero y financiamiento criminal, que ya cuenta con procesamientos firmes y en los últimos días sumó una detención con prisión preventiva. Esa medida judicial volvió a poner el foco en el alcance real de la estructura investigada y en su posible vinculación con redes criminales transnacionales.
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Según fuentes judiciales, la Fiscalía Federal de Corrientes imputó a un ciudadano venezolano que había ingresado al país de manera irregular. La detención fue avalada por el juzgado interviniente y reactivó una línea de investigación más amplia que ya contaba con respaldo de la Cámara Federal.
El expediente describe un entramado económico sofisticado, orientado a mover fondos sin dejar rastros evidentes. Entre las maniobras bajo análisis aparecen transferencias informales de dinero, utilización de comercios y sociedades como pantalla, adquisición de bienes sin respaldo económico y envíos de fondos al exterior.
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Parte de ese flujo financiero, según la investigación, podría estar vinculado al Tren de Aragua, organización criminal nacida en el sistema penitenciario venezolano y con expansión regional en los últimos años. En este caso, el foco no está puesto en hechos violentos sino en la arquitectura financiera que permitiría sostener operaciones ilícitas.
Los investigadores sostienen que la ausencia de delitos visibles no implica falta de actividad, sino un perfil bajo orientado al movimiento de dinero. Esa modalidad exige un trabajo coordinado entre fiscalías, juzgados federales y organismos especializados en delitos económicos.
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El avance de la causa en Corrientes se da en paralelo a decisiones recientes del Gobierno nacional en materia de seguridad. Esta semana, la administración del presidente Javier Milei confirmó la disolución del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), una fuerza creada para intervenir en delitos complejos vinculados al narcotráfico.
La medida quedó formalizada en la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva. En el texto se estableció: “Deróguese la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad Nº 360 del 11 de mayo de 2024”.
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Cuando el GEANRO fue creado, durante la gestión de Patricia Bullrich, se informó que su función era “colaborar con la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y su Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos”.
Desde el actual Gobierno explicaron que la disolución responde a objetivos cumplidos dentro del Plan Bandera, entre ellos la baja en los índices de homicidios en Rosario, y señalaron que otros dispositivos nacionales cuentan con capacidad para asumir esas tareas.
















