Dictan embargo de casi 200 millones de pesos contra Roberto Bubas

El patrimonio de Roberto José Bubas quedó formalmente inmovilizado tras una resolución de la Jueza Penal Ana Karina Breckle. La magistrada dispuso una inhibición general de bienes y un embargo preventivo que alcanza la suma de $196.603.727,45, en el marco del expediente iniciado por María Luján Pérez Terrone. Esta medida cautelar impide que el imputado realice cualquier tipo de transferencia, venta o disposición de sus activos registrables mientras se sustenta el proceso por presuntas lesiones y amenazas ocurridas en 2021.

La cifra establecida por el tribunal responde a una proyección detallada de los costos asociados al daño denunciado. El embargo cubre conceptos de daños materiales y morales, además de rubros específicos como lucro cesante, gastos médicos y tratamiento psicológico para la víctima. Según el oficio judicial emitido el pasado 19 de enero, el monto también incluye la previsión para el pago de honorarios profesionales y las costas derivadas del proceso que se tramita en la capital provincial.

La resolución, dictada originalmente el 16 de enero, establece que la parte querellante tiene la responsabilidad de diligenciar las medidas ante los organismos correspondientes. En este sentido, se notificó al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia del Chubut para que tome razón de la inhibición, bloqueando cualquier movimiento sobre propiedades a nombre del acusado. Esta herramienta legal asegura que, ante una eventual condena, existan fondos o bienes suficientes para resarcir económicamente a la denunciante.

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El monto total del embargo, que equivale a más de 138 mil dólares estadounidenses, refleja la magnitud de las pretensiones civiles dentro del fuero penal. La decisión de la jueza Breckle marca un punto de presión económica sobre el imputado, quien es reconocido públicamente por su vinculación con la naturaleza y las orcas en la zona de Península Valdés. Sin embargo, el proceso judicial se centra estrictamente en los hechos de violencia denunciados, dejando de lado cualquier referencia a su actividad profesional o mediática.

La causa, caratulada como “Pérez Terrone María Luján s/denuncia lesiones, amenazas – Rawson 2021”, continúa su curso administrativo en la Oficina Judicial local. Mientras se avanza con las etapas procesales correspondientes, el imputado deberá afrontar la imposibilidad de operar con su patrimonio, lo que suele generar complicaciones financieras inmediatas en este tipo de litigios. La defensa de la querella impulsó estas medidas preventivas ante el riesgo de que el patrimonio pueda ser disminuido antes del dictado de una sentencia definitiva.

Los gastos médicos y psicológicos integran una parte sustancial de la demanda, fundamentados en las secuelas que los hechos habrían dejado en la víctima. La justicia chubutense aplicó en este caso criterios de protección patrimonial que suelen utilizarse cuando los daños reclamados presentan una cuantía elevada. Por el momento, no se reportaron nuevas presentaciones por parte de la defensa para intentar sustituir el embargo o reducir el monto fijado por la magistrada interviniente.

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Este tipo de inhibiciones generales se aplican sobre la totalidad de los bienes presentes y futuros del afectado hasta cubrir el importe ordenado. La vigencia de la medida se mantiene hasta que el juez ordene su levantamiento o se ejecuten los bienes para cumplir con la obligación de pago. El caso despertó interés en la capital provincial por el volumen de la cifra involucrada y el perfil del imputado, quien ahora debe concentrar su estrategia legal en evitar que el embargo se transforme en una ejecución forzada.

La Oficina Judicial de Rawson coordina ahora las audiencias pendientes mientras se verifica el cumplimiento del oficio en los registros públicos. La querella busca que la medida se haga extensiva a otros bienes registrables, como vehículos o activos financieros, para garantizar la cobertura total de los casi 200 millones de pesos. El proceso penal sigue su ritmo habitual, pero con esta decisión el tribunal garantiza que la reparación económica no quede en una promesa vacía al final del camino judicial.

Hacia adelante, la resolución judicial marca un estándar de rigurosidad en la protección de los derechos de las víctimas de lesiones y amenazas en la provincia. El cumplimiento efectivo del embargo dependerá de la capacidad de los peritos para localizar y tasar los bienes de Bubas. La comunidad jurídica local sigue de cerca la evolución del expediente, ya que el monto resarcitorio pretendido se ubica entre los más altos para este tipo de delitos en la jurisdicción de Rawson.