La fiscalía española archivó una denuncia contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción
Policiales23/01/2026
REDACCIÓN
La Fiscalía de España resolvió archivar la denuncia presentada contra Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales y trata de personas, al concluir que carece de competencia para investigar los hechos. La decisión se basó en criterios de jurisdicción, sin ingresar al análisis de fondo de las acusaciones formuladas.
En un comunicado oficial, el Ministerio Público informó: “Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto, la falta de competencia de la fiscalía”. De esta manera, el organismo descartó avanzar con las pesquisas dentro del sistema judicial español.
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La denuncia había sido presentada el 5 de enero por dos exempleadas del artista, quienes afirmaron haber sido víctimas de vejaciones y acoso sexual durante el tiempo en que trabajaron para él. La presentación judicial se realizó en España, aunque los hechos denunciados no habrían ocurrido en ese país.
Según la fiscalía, uno de los elementos determinantes fue que las denunciantes no son residentes en España y que el propio acusado tampoco tiene domicilio habitual en ese territorio. Iglesias, de 82 años, reside entre Miami, República Dominicana y Bahamas, de acuerdo con la información oficial.
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Otro punto central de la resolución señala que los presuntos episodios habrían ocurrido en países considerados plenamente competentes para llevar adelante una eventual investigación judicial. En ese marco, la fiscalía sostuvo que los tribunales españoles no pueden intervenir en hechos sucedidos fuera de su ámbito jurisdiccional.
Las acusaciones habían tomado estado público a partir de una investigación periodística realizada por Univision y elDiario.es, donde se indicaba que los supuestos abusos se habrían producido en 2021, en propiedades del cantante ubicadas en la República Dominicana y en Bahamas.
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En ese trabajo periodístico, una de las denunciantes describió situaciones de penetraciones no consentidas, mientras que ambas señalaron que el artista se aprovechaba de su posición frente a empleadas jóvenes y en situación de vulnerabilidad laboral.
Antes de que se conociera la decisión del Ministerio Público, Julio Iglesias había solicitado formalmente el archivo de la denuncia, negando los hechos y defendiendo su inocencia. La resolución fiscal dio lugar a ese pedido, aunque exclusivamente por razones de competencia territorial.
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La fiscalía dejó en claro que el archivo no implica una valoración sobre los hechos denunciados, sino una definición estrictamente legal vinculada a los límites de actuación de la Justicia española.
De este modo, cualquier eventual avance judicial sobre las acusaciones quedará supeditado a la decisión de las autoridades de los países donde habrían ocurrido los hechos, en caso de que las denunciantes impulsen acciones en esas jurisdicciones.
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