Confirmado: Torres pidió al Gobierno Nacional que analice remover a las autoridades del Parque Los Alerces

Chubut23/01/2026

Ignacio Torres en la cordillera por los incendios

#LA17 pudo confirmar que el gobernador Ignacio Torres realizó un pedido formal para remover a las autoridades del Parque Nacional Los Alerces, tras cuestionamientos severos a la conducción del operativo.

Según confirmaron a #LA17, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, solicitó al Gobierno nacional que evalúe la remoción de las autoridades del Parque Nacional Los Alerces. El planteo quedó formalizado a través de una presentación canalizada por la Cámara de Turismo de Chubut, en medio de fuertes cuestionamientos a la gestión del incendio que afecta a la región cordillerana.

La confirmación del pedido marcó un punto de inflexión en la relación institucional entre la Provincia y los organismos nacionales responsables del área protegida. El reclamo no se limita al resultado del siniestro, sino que apunta de manera directa a la conducción operativa, la previsión y la forma en que se comunicó la emergencia desde sus primeras etapas.

OTRAS NOTICIAS:

En el documento presentado, la Cámara de Turismo sostuvo que el accionar de las autoridades del parque “configura un grave incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones, evidenciando negligencia, falta de previsión, errores estratégicos, deficiente conducción operativa y una comunicación institucional inadecuada”. El texto agrega que estas falencias generaron consecuencias ambientales, sociales, económicas y humanas de extrema gravedad para toda la región.

El pedido fue dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, y expone cuestionamientos sobre el momento en que se detectó el foco ígneo. Según el informe, el incendio, originado tras la caída de un rayo entre el 6 y el 8 de diciembre en el brazo sur del Lago Menéndez, recién fue identificado el 9 de diciembre durante un vuelo de relevamiento.

OTRAS NOTICIAS:

A partir de esa detección, la emergencia requirió la activación de protocolos que, siempre según el documento, resultaron insuficientes frente a la magnitud del riesgo. La localización del foco en una ladera de difícil acceso y la disponibilidad limitada de medios aéreos condicionaron la respuesta durante las primeras semanas.

La Cámara también cuestionó decisiones operativas puntuales adoptadas en ese período. Entre ellas, mencionó la exigencia de desinfección del calzado de brigadistas antes del embarque, una medida que calificó como inapropiada frente a un incendio activo, al considerar que el daño ambiental provocado por el fuego superaba ampliamente los riesgos que se buscaban prevenir.

Otro eje central del reclamo fue la comunicación institucional. Entre el 20 de diciembre y el 5 de enero, el documento advierte que no existió información oficial clara y sostenida sobre la evolución del incendio. Como ejemplo, se señaló que el 5 de enero se informó el corte de la Ruta Nacional 71 por mantenimiento, y recién al día siguiente se comunicó que el cierre respondía al avance del fuego.

OTRAS NOTICIAS:

Ese manejo informativo, según la Cámara, expuso a pobladores, brigadistas, turistas y operadores turísticos a escenarios de incertidumbre, con impacto directo en la prevención y en la toma de decisiones individuales. La situación se agravó durante el primer fin de semana de enero de 2026, cuando las altas temperaturas y los vientos intensos facilitaron una rápida propagación del incendio.

El informe también detalla el impacto ambiental, económico y social del siniestro, con afectación sobre bosques centenarios, biodiversidad, cuencas y recursos hídricos, además de la paralización de la actividad turística y daños en infraestructura productiva. En ese marco, la Cámara advirtió sobre el riesgo reputacional internacional para el parque, declarado UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad.

OTRAS NOTICIAS:

El petitorio solicita la renuncia inmediata de las autoridades responsables, la apertura de una auditoría técnica y administrativa independiente, la designación de autoridades provisorias con experiencia en manejo de incendios forestales, la implementación de un sistema de información pública diaria y la convocatoria a una mesa regional participativa para redefinir planes de manejo y contingencia.