Detectan presuntos sobreprecios millonarios en servicios contratados para centrales nucleares

Una denuncia presentada en el ámbito de Nucleoeléctrica Argentina puso bajo revisión un contrato de servicios de limpieza destinado a instalaciones estratégicas del sistema nuclear. El señalamiento describe diferencias de costos del 140% respecto de valores de referencia y alcanza a Atucha I y II, Embalse y el Hotel de Baradero, con un impacto económico superior a U$S 6,5 millones.

El caso se conoció tras confirmaciones del secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Zárate, Fernando Pérez, quien explicó que la presentación no partió de una disputa partidaria sino de un circuito técnico interno. La denuncia fue elevada ante el Comité de Integridad de la empresa por el ingeniero Juan Pablo Norazco, gerente de Atucha I y II, luego de advertirse inconsistencias en la contratación.

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Según la información reunida, el servicio comprometido por dos años tenía un costo estimado cercano a U$S 600.000, pero terminó firmado por casi U$S 7 millones. La diferencia quedó registrada en SAP, el sistema administrativo que concentra pedidos de compra y contrataciones, y fue uno de los elementos que permitió reconstruir el desvío.

La detección técnica derivó en resistencias internas. Administradores del contrato en planta, entre ellos Camila Martina, se negaron a firmar la documentación respaldatoria. Esa negativa, de acuerdo con la presentación, estuvo seguida por presiones que quedaron documentadas mediante mensajes de WhatsApp, correos electrónicos internos, llamadas telefónicas y auditorías sorpresivas, incorporadas como evidencia.

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En ese contexto, Pérez sostuvo que Demian Reidel, presidente de la compañía, quedó alcanzado por la denuncia. El dirigente gremial lo describió como “la cabeza de un grupo que estaría contratando empresas de manera irregular”, una caracterización incluida en el expediente elevado a los canales institucionales.

La modalidad de contratación también figura entre los puntos observados. De acuerdo con los registros del sistema, la adjudicación fue directa y sin licitación, bajo el argumento de un único proveedor, un aspecto que ahora forma parte del análisis para determinar si el procedimiento cumplió con los criterios exigidos.

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El expediente se suma a otras actuaciones en curso dentro de la órbita de la empresa y, según ATE Zárate, la Justicia ya tomó intervención para evaluar responsabilidades y eventuales irregularidades, con base en la documentación técnica y administrativa incorporada.

Fuente: NA.