La Justicia de Río endurece la causa y evalúa detener a la argentina acusada de racismo
Policiales04/02/2026
REDACCIÓN
detenida en Brasil
La situación judicial de Agostina Páez en Brasil sumó en las últimas horas un giro que complica aún más su panorama. A casi un mes de quedar retenida en Río de Janeiro, la Justicia local avanzó con un pedido de prisión preventiva en su contra, pese a que cumple medidas cautelares y permanece controlada con tobillera electrónica.
La solicitud fue presentada por el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro (MPRJ), que considera insuficientes las restricciones vigentes. Páez, de 29 años, se encuentra acusada de realizar gestos y expresiones racistas contra empleados de un restaurante ubicado en la zona de Ipanema, durante una discusión vinculada al monto de la cuenta.
Según el comunicado oficial difundido por el organismo, la denuncia penal sostiene que la joven insultó a uno de los mozos con expresiones vinculadas a su color de piel. “Según la denuncia penal, la imputada llamó ‘negro’ a un empleado con la intención de discriminarlo y menospreciarlo”, detalla el texto.
La acusación no se limita a ese episodio. De acuerdo a la investigación, Páez también habría llamado “mono” a la cajera del local gastronómico, incluso después de haber sido advertida por los trabajadores. “Aun después de ser advertida por la víctima, la acusada se dirigió a la cajera del bar y la llamó ‘mono’, además de hacer gestos que simulaban al animal”, precisa el MPRJ.
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El caso tomó mayor relevancia luego de que se difundieran imágenes del incidente. Un video incorporado a la causa muestra los gestos realizados por la turista argentina, material que forma parte central del expediente judicial que analiza la fiscalía carioca.
En su pedido, el fiscal a cargo del caso sostuvo que las medidas actuales no alcanzan para garantizar el proceso. “Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente”, indica un extracto del escrito citado por el diario O Globo.
El funcionario judicial también remarcó la conducta posterior de la acusada como un elemento agravante. Según su planteo, “incluso después de haber sido advertida por más de un funcionario de que su conducta constituía un delito en Brasil, la acusada persistió en los delitos raciales, extendiéndolos incluso a espacios públicos”.
En ese sentido, la fiscalía consideró que Páez demuestra “desprecio por las normas jurídicas y sociales, así como baja adhesión a las órdenes de alejamiento”, argumentos que respaldan el pedido para convertir la medida cautelar en una detención preventiva.
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Mientras tanto, la joven continúa residiendo en un departamento alquilado en Río de Janeiro. Debería haber regresado a la Argentina hace más de dos semanas, pero la causa judicial le impide salir del país. Vive acompañada por su hermana y amigas, bajo control electrónico, aunque puede circular libremente por la ciudad.
Su abogado, Sebastián Robles, describió el impacto económico y personal de la situación. “Ahora está en un lugar más seguro. El departamento lo paga ella y todo corre por su cuenta; esa es la situación grave”, explicó días atrás. También remarcó que su defendida no cuenta con recursos ilimitados para sostener una estadía prolongada.
En paralelo, la defensa presentó un habeas corpus para solicitar que se le permita regresar a la Argentina y continuar el proceso desde su país. “No tenemos garantía de nada. Hay que ver el tema de la intervención jurídica ante la violación flagrante de los derechos humanos que están haciendo y del principio de inocencia”, sostuvo el letrado.
La definición ahora queda en manos de la Justicia brasileña. Mientras se evalúa el pedido de prisión preventiva, Agostina Páez sigue sin fecha de regreso y con un escenario judicial cada vez más restrictivo.
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