Allanaron a un exfuncionario por una supuesta maniobra para frenar las clases

Un presunto intento de generar un conflicto gremial para impedir el inicio de clases en Chubut derivó en allanamientos y secuestro de pruebas en Trelew. La investigación involucra al exfuncionario Gonzalo Carpintero, actualmente vinculado a una empresa pesquera del Parque Industrial Liviano.

La titular de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, Julieta Gamarra, confirmó los procedimientos y explicó que la causa se inició a partir de la denuncia del secretario general de ATE, José Severiche. Según relató, el dirigente aseguró que recibió una propuesta económica para motorizar una medida que afectara el ciclo lectivo.

“Recibimos una denuncia en la unidad de un dirigente gremial sindicalista que manifestaba que la persona de Gonzalo Carpintero lo habría citado a una reunión y le habría ofrecido dinero, un resarcimiento económico, con el fin de que él, desde su lugar y desde sus funciones, pudiera generar un conflicto de entidad suficiente como para que no inicien las clases en la provincia del Chubut”, indicó la fiscal.

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Tras la ampliación de la denuncia el lunes, el Ministerio Público solicitó medidas judiciales que se concretaron al día siguiente. “En base a esa denuncia, que la terminamos de ampliar el día lunes, es que el martes ya presentamos pedidos de allanamiento. El objetivo de los allanamientos era poder secuestrar teléfonos celulares y el DVR de un inmueble donde funcionan varias oficinas, que es donde se habría realizado la reunión”, detalló Gamarra.

Los procedimientos se realizaron en oficinas ubicadas en calle Cacique Chiquichano al 1500, donde funciona una empresa pesquera en la que Carpintero cumple tareas. La fiscal confirmó que los resultados fueron positivos. “Pudimos secuestrar el teléfono de Carpintero, a él lo interceptamos en la vía pública, en la ruta, y pudimos secuestrar el teléfono de otra persona que funcionó como intermediario para generar esta reunión y además estuvo presente en la reunión. Tambien pudimos secuestrar el DVR del lugar, así que todo salió muy bien”.

La causa también involucra a un tercer actor que habría facilitado el contacto entre las partes. “Hay una persona que nosotros le secuestramos su teléfono, que no es una persona denunciada, sino que ha intervenido en lo que fue esta coordinación, porque tiene algún tipo de vínculo con Severiche. Fue quien intervino para concretar la reunión y además participó de esa conversación”, precisó la funcionaria judicial.

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En cuanto a la figura penal que se analiza, Gamarra señaló: “En principio pensamos en un cohecho. Es un delito contra la Administración Pública, en este sentido, de afectar claramente el normal funcionamiento, pedirle a alguien que haga algo a cambio de darle un dinero”. La investigación apunta a determinar si existió efectivamente una oferta económica y con qué finalidad.

Según la denuncia, la intención habría sido impactar políticamente en el inicio del ciclo lectivo. “En la denuncia es claro cuando dice que la intención de Carpintero era generar un daño o afectar de forma tal al gobernador. Quería generarle un perjuicio al gobernador, y de la forma que quería lograr aquello era que no iniciaran las clases”, afirmó la fiscal.

Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía verificó cámaras de seguridad en la zona. “Ya habíamos ya realizado algunas diligencias previas al pedido de allanamiento, que era constatar cámaras de seguridad de las inmediaciones, y efectivamente en el día y hora que él denuncia, él fue a ese lugar a bordo del vehículo que refirió. Pero queremos ver los otros extremos, que es información que eventualmente podemos obtener de los teléfonos”, explicó.

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La reunión denunciada habría tenido lugar el día 4, alrededor de las 10 de la mañana. “La reunión fue el día 4, entre las 10 de la mañana aproximadamente, en estas oficinas de calle Cacique Chiquichano al 1500 de Trelew”, precisó Gamarra.

Sobre los próximos pasos, la fiscal indicó que el avance dependerá del análisis del material secuestrado. “A la apertura de investigación vamos a llegar si encontramos elementos suficientes que nos permitan avanzar en una imputación, que sería la información que obtengamos de los teléfonos. Si podemos corroborar los hechos y encuadrar una calificación jurídica, el paso siguiente es la apertura de investigación”, sostuvo.

Por ahora, la causa se encuentra en etapa preliminar. El contenido de los celulares y las grabaciones del DVR serán claves para determinar si la denuncia reúne elementos suficientes para formalizar una imputación en el marco de un presunto delito contra la administración pública.