Milei suma una nueva ley para universidades y estira el Congreso hasta fines de febrero

El conflicto por el financiamiento universitario empujó al Gobierno a mover fichas en el Congreso antes del inicio del período ordinario. En medio de reclamos por actualización presupuestaria, el Ejecutivo decidió sumar un nuevo proyecto de ley que busque compensar a las universidades nacionales y, al mismo tiempo, estirar el calendario parlamentario unas semanas más.

La Casa Rosada resolvió extender las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero. La medida apunta a ordenar el temario legislativo antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias prevista para el 1° de marzo, en un contexto donde el oficialismo necesita cerrar debates sensibles sin llegar al cambio de período.

La decisión se formalizará mediante un decreto que, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, será firmado en las próximas horas. El texto quedará publicado el lunes en el Boletín Oficial, con la intención de dejar establecido el nuevo marco legislativo antes de que avance la discusión en el recinto.

En ese decreto también se incorporará el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa aparece como una respuesta directa a la presión del sistema universitario, que insiste en la necesidad de recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

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Desde el entorno oficial explicaron que el proyecto buscará ser aplicable y no meramente declarativo. Una fuente importante resumió el objetivo con una frase breve: “La idea de la ley es hacerla implementable”. El Gobierno intenta así atenuar un conflicto que se mantiene abierto desde el año pasado.

El trasfondo incluye un capítulo judicial. La medida llega luego de la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con el objetivo de frenar la obligatoriedad de implementar la ley universitaria votada en 2024.

Ese recorrido legislativo resultó especialmente tenso. Tras la sanción en ambas cámaras, el presidente Javier Milei vetó la norma, pero el Congreso ratificó lo aprobado, dejando al Ejecutivo obligado a buscar un nuevo esquema para responder al reclamo sin retroceder políticamente.

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En paralelo, la ampliación del temario en extraordinarias genera discusiones reglamentarias. El reglamento de Diputados establece que debería votarse en el recinto, pero en Balcarce 50 apelan a antecedentes de incorporación de proyectos por decreto, un mecanismo que ya se utilizó en otros momentos.

La extensión hasta el 28 de febrero también cumple una función operativa: respetar los plazos parlamentarios que exigen al menos diez días para emitir dictámenes. Con eso, el oficialismo gana margen para negociar apoyos y acelerar el tratamiento antes del recambio de agenda de marzo.

Con este movimiento, el Gobierno busca cerrar febrero con un Congreso activo y con una nueva propuesta sobre la mesa para un sector universitario que sigue en alerta por su presupuesto. La discusión, lejos de agotarse, se encamina a convertirse en uno de los primeros grandes debates del año legislativo.