Caso Sofía: habló la fiscal con #LA17 y explicó qué tipo de responsabilidades analiza mientras continúa el rastrillaje

La fiscal María Angélica Cárcano sostuvo que, mientras Prefectura busca a Sofía Devries, la Fiscalía ya trabaja para definir si hubo delito y revisar deberes de cuidado.

La desaparición de Sofía Devries en aguas del Golfo Nuevo abrió, además del operativo de búsqueda, un frente judicial que todavía no toma forma definitiva. En diálogo con #LA17 en el programa “El Quinto Poder”, la fiscal general María Angélica Cárcano explicó por qué la causa sigue sin carátula y qué tipo de responsabilidades analiza la Fiscalía mientras continúa el rastrillaje.

Cárcano remarcó que el eje penal no empieza cuando aparece una acusación, sino cuando se debe establecer si existió o no una conducta delictiva. En ese marco, sintetizó el punto de partida con una frase directa: “Todo se revisa. Por eso se genera una causa.” También ubicó el momento en que toma intervención la Justicia, a partir del aviso oficial de Prefectura.

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En paralelo, la fiscal describió un despliegue que no se limita al mar y que se sostiene con el paso de las horas. Según indicó, “se sigue buscando intensamente desde el momento en que se le dio intervención a la prefectura” y las tareas se repiten “ni bien sale el sol hasta que se pone el sol”. En esa dinámica, señaló que se usan robots, participan buzos y se suman rastrillajes por tierra durante el día y la noche.

Al ser consultada por el aporte de medios aéreos y embarcaciones especializadas, la fiscal evitó presentar la asistencia como un refuerzo tardío. Su respuesta apuntó a despejar la idea de que la búsqueda recién escaló con el correr de los días: “Es que nunca se dejó de realizar, es decir, la ayuda es de todas partes y se sigue buscando con todos los elementos.” Luego insistió en la intensidad inicial: “desde el minuto uno la búsqueda es incesante.”

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Cárcano también planteó un límite operativo que condiciona el trabajo en el agua durante la noche. En el intercambio radial explicó que, aun con recursos disponibles, existe una restricción física que vuelve impracticable el buceo sin luz: “Obviamente que durante la noche es imposible porque los busos no pueden ver no hay luz.” Ese condicionante convive con rastrillajes por tierra y con la continuidad del resto del despliegue.

La conversación entró después en un punto sensible: cuántas personas integraban la salida y cómo se organizó la actividad bajo el agua. La fiscal confirmó la composición general del grupo, pero evitó responder sobre la mecánica exacta porque forma parte de las medidas en curso: “No voy a decir ningún tema sobre eso exactamente porque está en investigación.” En ese tramo sí precisó una cifra que ordena el expediente: “eran siete personas que iban a bucear, más un instructor, más el patrón del barco.”

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La revisión de condiciones de seguridad también quedó bajo análisis judicial, sin adelantar conclusiones. Ante la pregunta por chalecos, medidas y controles, Cárcano volvió a encuadrar la intervención fiscal como un trabajo paralelo al operativo de Prefectura: “Desde el mismo momento que Prefectura nos da inmediato aviso se comenzó a trabajar porque nosotros tenemos que determinar si existe un delito o no.” Y completó el sentido de ese doble carril: “Primero, por supuesto, se aboca a la prefectura la búsqueda y el hallazgo de la joven. Pero paralelamente la fiscalía interviene en las medidas de investigación.”

Sobre la situación de quienes participaron de la excursión, la fiscal confirmó la llegada de familiares y aclaró que, al menos por ahora, no hay medidas que impidan circular o retirarse de la ciudad. La respuesta fue tajante cuando le preguntaron si existía alguna restricción: “No, no hay ninguna medida de restricción ambulatoria ni nada.” Ese dato, en la práctica, marca que el expediente todavía no transita una etapa coercitiva y se concentra en reunir información.

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El corazón de la entrevista se concentró en la falta de una calificación legal definida, un punto que suele generar confusión pública. Cárcano describió la situación como una investigación abierta: “No hay carátula en realidad, porque estamos justamente viendo el tema de una calificación.” Y añadió que el análisis se centra en si existió “algún tema de violación o un deber de cuidado”, con posibles encuadres vinculados a “la falta de cuidado, un deber de diligencia, las posiciones de garante, etc.”

Cuando se trasladó la mirada hacia la empresa operadora, la fiscal no descartó responsabilidades y dejó claro que ese renglón también queda bajo revisión. Explicó que la operadora fue contratada por la escuela vinculada al instructor y sostuvo que ese dato no la excluye del control judicial: “la responsabilidad de la operadora va a ser claramente también investigada.” En ese punto, el expediente se apoya en la noción de deberes de cuidado en una actividad que la propia fiscal definió sin rodeos: “Estamos hablando de un deporte que es riesgoso.”

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La entrevista cerró con la misma cautela que marcó todo el diálogo: información confirmada, límites por investigación en curso y una búsqueda que continúa sin pausa. En el estudio, remarcaron que la fiscal pidió brevedad por el trabajo en marcha y señalaron que, en la cobertura de #LA17, la línea temporal del caso se nutre de reportes informativos y de la vocería oficial de Prefectura.

Escuchá la entrevista completa: