Huichaqueo mantiene el esquema de traslados en patrulleros por razones de salud

La jueza Laura Martini sostuvo el esquema de traslados en patrulleros por razones de salud, pero exigió un relevamiento de móviles en Gaiman y condiciones de higiene.

En la ejecución de una condena, muchas definiciones no pasan por el fallo original sino por cómo se aplica día a día una medida concreta. En una audiencia reciente, esa tensión apareció alrededor de los traslados de Leticia Huichaqueo, condenada por delitos contra la administración pública y actualmente bajo arresto domiciliario. El punto de discusión no fue la pena en sí, sino el modo en que se garantizan sus tratamientos de salud y, a la vez, las condiciones del traslado.

La resolución quedó en manos de la jueza de ejecución Laura Martini, quien ratificó que la ex funcionaria continúe movilizándose en patrulleros para asistir a sus tratamientos mientras cumple la modalidad domiciliaria. La magistrada tomó esa decisión luego de escuchar un planteo de la defensa que buscó modificar el esquema vigente. En esa audiencia, el argumento central giró sobre las condiciones en que se realiza el traslado y lo que se consideró “no adecuado” para la situación de la condenada.

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El pedido lo formuló la defensora Lorena Elisaincin, que describió condiciones supuestamente inadecuadas para el traslado de Huichaqueo. En ese punto, el debate se corrió hacia un terreno sensible: si corresponde un tratamiento diferencial por la situación de salud o si debe sostenerse un criterio uniforme para todas las personas privadas de libertad. Esa discusión, en el caso, se volvió concreta al hablar de móviles disponibles, higiene y seguridad.

Del lado del Ministerio Público Fiscal, la postura fue explícita. La representante Analía Acuña planteó que debe regir un criterio de igualdad de trato, sin privilegios, para la ex funcionaria en comparación con cualquier otra persona condenada o privada de su libertad. Ese posicionamiento apuntó a evitar que el pedido de la defensa se traduzca en un régimen excepcional, más allá de las necesidades de atención médica.

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Aun así, la jueza Martini eligió un camino intermedio: no cambió lo que ya estaba dispuesto, pero abrió una exigencia hacia el Poder Ejecutivo provincial. En su resolución dejó en claro que el esquema de traslados se mantiene, aunque ordenó un control específico sobre los recursos disponibles en la localidad donde se encuentra detenida. El destinatario fue el Ministerio de Seguridad de Chubut.

La magistrada solicitó que esa cartera presente un relevamiento de los móviles con los que cuenta en Gaiman, localidad donde Huichaqueo cumple el arresto domiciliario. La decisión coloca el eje en una cuestión operativa: qué patrulleros hay, en qué estado se encuentran y si cumplen condiciones mínimas para traslados vinculados a salud. En paralelo, le deja a Seguridad una obligación de respuesta formal que puede impactar en la logística cotidiana de los traslados.

En su resolución, Martini explicitó que no habrá cambios en lo ya resuelto, pero subrayó la necesidad de mejorar condiciones. “No habrán modificaciones a lo que yo resolví oportunamente, pero se pedirá al Ministerio de Seguridad que disponga de móviles adecuados en cuanto a condiciones de seguridad e higiene”, indicó la jueza. Esa frase, más allá del caso, instala un punto que suele quedar fuera de escena: la calidad del equipamiento y el estándar con el que se concretan los traslados.

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La audiencia, entonces, no cerró con una concesión a la defensa ni con una negativa completa, sino con una ratificación del régimen y una exigencia de control. Para la defensa, el reclamo por condiciones se tradujo en un pedido de revisión indirecta, que ahora queda atado a lo que informe Seguridad sobre su flota en Gaiman. Para la Fiscalía, el criterio de igualdad sigue vigente, aunque la orden judicial obliga a dar cuenta del estado real de los móviles.

El trasfondo del planteo revela una discusión frecuente en ejecuciones penales: cómo se compatibilizan tratamientos de salud con medidas restrictivas y con recursos materiales que, en muchos casos, no sobran. En este caso, el tribunal sostuvo el uso de patrulleros como vía para garantizar traslados, pero dejó asentado que el Estado debe cuidar condiciones básicas. La exigencia de “seguridad e higiene” no reabre la condena, pero sí tensiona la forma en que se la ejecuta.