Madryn: el hombre que manejaba borracho y mató a su bebe debería volver a prisión por hacer fiestas en domiciliaria

La causa por la muerte de Elías Mateo sumó una acusación directa por incumplimientos en la domiciliaria: la madre del bebé y su abogado aportaron imágenes y exigen una audiencia urgente.

Las capturas de redes sociales que muestran juntadas y consumo de alcohol se convirtieron en el nuevo centro de gravedad del expediente. La querella sostiene que esas imágenes no describen un hecho aislado, sino una conducta repetida dentro de una medida que exige disciplina estricta. En esa lectura, lo que se discute ahora no es solo la tragedia original, sino la credibilidad de la prisión preventiva domiciliaria y sus límites.

El pedido lo impulsó Bianca Vargas, mamá de Elías Mateo, el bebé de un año que murió hace cinco meses. Su presentación apunta contra Leandro Ríos, imputado por homicidio a raíz de un vuelco violento ocurrido mientras, según la acusación, manejaba borracho en Chubut. La querella remarca que el foco no está en un rumor barrial, sino en señales públicas que, para ellos, chocan con las condiciones impuestas por la Justicia.

La domiciliaria se otorgó en septiembre de 2025 y llegó con reglas que no dejan margen para dobles lecturas. Entre esas condiciones figuran la prohibición de realizar reuniones, de consumir alcohol o drogas y la obligación de permanecer bajo supervisión. La misma presentación sostiene que esa supervisión recae en los padres del imputado, señalados como responsables de controlar el cumplimiento cotidiano.

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Según el escrito, las reuniones no aparecen como algo ocasional, sino como una práctica habitual. La querella describe ingresos de grupos de amigos y familiares y lo vincula con escenas de “juntadas” que circulan en redes. En esa línea, entiende que la domiciliaria perdió el sentido cautelar si el domicilio funciona como espacio de encuentros que la orden judicial prohíbe.

El planteo incorpora, además, un antecedente que endurece el reproche: una intervención policial detectó un incumplimiento en octubre de 2025. La fuente indica que esa situación derivó en una advertencia judicial al acusado, con la expectativa de que la regla se cumpla sin nuevas excepciones. Para la querella, la reiteración posterior muestra que la advertencia no corrigió la conducta y que el control familiar no opera como barrera real.

En el escrito, la querella también pone el foco en la responsabilidad de quienes supervisan. No plantea solo que Ríos incumple, sino que la vigilancia prometida resulta insuficiente o directamente inexistente. Ese punto suma una discusión práctica para cualquier domiciliaria: si el control es formal y no efectivo, la medida se vuelve frágil frente a nuevas denuncias.

La representación legal de la querella está a cargo del abogado Facundo Bonavitta, quien adjuntó el material como prueba. En su postura, las publicaciones no son un detalle menor ni un exceso privado, sino una desobediencia que impacta en el sentido de la preventiva. “Se está burlando de todos”, afirmó el letrado, según la presentación citada.

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Con esos elementos, la querella pidió que la Justicia tenga por denunciado el incumplimiento y convoque a una audiencia urgente. El objetivo es que el tribunal revise la medida y, si confirma la violación de las condiciones, disponga la revocación de la prisión domiciliaria. En ese caso, el pedido es concreto: que la preventiva se cumpla en un establecimiento penitenciario.

La causa vuelve así a una instancia de control donde cada condición pesa como un límite verificable, no como una recomendación. La querella intenta demostrar que las reglas se vulneran con continuidad y que ya existe un antecedente oficial que marca la misma dirección. En ese marco, la discusión que se abre es qué valor le asigna el tribunal a las pruebas aportadas y qué respuesta fija frente a una medida que, por definición, depende del cumplimiento estricto.

Mientras tanto, el expediente mantiene el dato que no se mueve: Elías Mateo murió y Ríos enfrenta una imputación por homicidio a partir de un vuelco provocado al conducir en estado de ebriedad, según la acusación. La querella insiste en que, con ese trasfondo, la domiciliaria requiere un estándar de obediencia mayor, sin escenas que contradigan la orden judicial. La decisión sobre el pedido marcará si el incumplimiento denunciado alcanza para cambiar el lugar donde se cumple la preventiva.