La reforma de Glaciares entró en pausa y el Congreso tendrá un debate abierto
Política04/03/2026
REDACCIÓNLa oposición logró frenar el avance inmediato del proyecto y se harán audiencias públicas antes de que Diputados decida el futuro de la ley.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo en el Congreso y dejó al oficialismo sin el cierre rápido que buscaba. La oposición consiguió que se convoquen audiencias públicas abiertas antes de firmar el dictamen, lo que empuja la discusión parlamentaria al menos hasta abril.
La decisión se tomó durante una reunión plenaria de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Allí, legisladores de distintos bloques opositores reclamaron abrir el debate con participación de especialistas, provincias y organizaciones vinculadas al tema.
El planteo prosperó y el Congreso fijó dos jornadas consecutivas para escuchar a expositores. Las audiencias se realizarán el 25 y 26 de marzo en el Anexo C de la Cámara baja y tendrán carácter abierto y federal. Durante esas jornadas, quienes participen podrán expresar posiciones a favor y en contra del proyecto que propone modificar la normativa vigente. El objetivo será reunir opiniones técnicas, jurídicas y ambientales antes de que las comisiones avancen con el dictamen.
Las sesiones comenzarán a las 10 de la mañana y se extenderán hasta las 19, aunque el cronograma podrá ampliarse si la cantidad de inscriptos supera lo previsto. La organización contempla la participación de especialistas, representantes de provincias, organizaciones ambientales y sectores productivos.
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El pedido de audiencias surgió durante la discusión parlamentaria y fue impulsado por distintos bloques opositores. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que la instancia participativa es necesaria para cumplir con los principios ambientales vigentes. “Una audiencia amplia y participativa no solo es en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, sino también a la Ley General de Ambiente”, señaló el legislador al justificar el reclamo.
Ferraro también remarcó el alcance territorial que tiene la discusión. “Está comprometida una cuestión jurisdiccional de provincias que pueden tener desarrollo minero, pero también otras jurisdicciones provinciales”, advirtió durante el debate.
Según explicó, el tema involucra una parte significativa del territorio nacional. “El 36% de la superficie continental argentina se encuentra dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”, afirmó.
El planteo opositor fue acompañado por la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, quien pidió garantizar un proceso abierto. “Una audiencia pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta Ley de Glaciares”, reclamó.
Frente a esos pedidos, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, propuso dividir el proceso en dos instancias para ampliar la participación. De esa manera, la primera jornada será presencial y la segunda permitirá exposiciones remotas para quienes no puedan viajar a Buenos Aires. El debate también sumó otras propuestas. El dirigente Juan Grabois planteó que se garantice la presencia de comunidades originarias que podrían verse afectadas por el desarrollo de actividades económicas en zonas periglaciares.
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El proyecto en discusión busca modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010. La iniciativa propone redefinir el alcance de las áreas protegidas y permitir actividades económicas en ciertas zonas periglaciares, siempre que cuenten con evaluaciones de impacto ambiental.
La normativa actual protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. La reforma plantea diferenciar aquellas áreas que cumplen funciones hídricas de otras que podrían destinarse a proyectos productivos.
Según el texto, las provincias tendrían mayor capacidad para decidir qué zonas proteger y cuáles habilitar para actividades económicas. Este punto generó críticas de sectores ambientalistas y de algunos bloques parlamentarios. La ley vigente prohíbe actividades como la exploración minera, hidrocarburífera o industrial en áreas glaciales. Con la modificación propuesta, esas restricciones seguirían vigentes para los glaciares, pero podrían flexibilizarse en determinadas zonas periglaciares.
Mientras tanto, el Congreso se prepara para una discusión que promete extenderse. Las audiencias públicas marcarán el próximo paso antes de que Diputados defina si avanza o no con la reforma.
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