
Argentina fija en 14 años la edad de imputabilidad tras la promulgación del nuevo régimen penal juvenil
Política09/03/2026
REDACCIÓNEl Gobierno oficializó la nueva ley que redefine cómo se juzga a menores que cometen delitos. El esquema incluye penas graduadas según edad y contexto.

El sistema penal juvenil argentino incorporó cambios significativos desde este lunes con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece en 14 años la edad mínima de imputabilidad para adolescentes que cometan delitos. La modificación forma parte de la Ley 27.801, promulgada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 138/2026.
La normativa introduce un esquema de penas graduadas para menores de edad, diseñado para que los jueces consideren tanto la edad del acusado como las circunstancias en las que se produjo el hecho. El objetivo del nuevo régimen es diferenciar las respuestas judiciales según la gravedad del delito y el contexto social del adolescente involucrado.


El cambio marca un giro respecto del sistema anterior, que fijaba en 16 años la edad mínima para la imputabilidad penal. Con el nuevo marco legal, los adolescentes desde los 14 años podrán ser sometidos a procesos judiciales bajo un régimen específico distinto al de los adultos.
El Gobierno formalizó la ley a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, lo que permitió su entrada en vigencia tras la aprobación legislativa alcanzada durante las sesiones extraordinarias del Congreso. La iniciativa había sido tratada en el Senado a fines de febrero.
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La votación en la Cámara alta terminó con 44 votos a favor y 27 en contra, resultado que permitió al oficialismo avanzar con una de las reformas impulsadas dentro de su agenda de seguridad y justicia.
Durante el tratamiento parlamentario, el texto del proyecto sufrió modificaciones respecto de la propuesta original del Ejecutivo. En un comienzo, el oficialismo buscaba establecer la edad de imputabilidad en 13 años.
Sin embargo, en el marco de las negociaciones con bloques opositores dialoguistas, el Gobierno aceptó modificar ese punto y elevar el límite a 14 años para garantizar el respaldo necesario en el Congreso.
Ese acuerdo permitió sumar el acompañamiento de legisladores del PRO y de la Unión Cívica Radical, que consideraron que la edad fijada representaba un punto intermedio frente a las diferentes posturas que se discutían durante el debate legislativo.
La reforma también fue comparada con los sistemas vigentes en otros países de América Latina. En varias naciones de la región, la imputabilidad penal comienza a edades similares o incluso menores.
De acuerdo con datos mencionados durante el debate parlamentario, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana fijan la imputabilidad desde los 14 años. En otros países, como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, el inicio de la responsabilidad penal juvenil se ubica desde los 12 años.
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En esos sistemas, el tratamiento de los menores que cometen delitos suele incluir medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social, además de sanciones judiciales adaptadas a la edad.
La nueva legislación argentina incorpora también ese enfoque diferenciado, al establecer que las sanciones deberán evaluarse considerando el desarrollo del menor, la gravedad del hecho y el contexto en el que ocurrió el delito.














