Investigan a funcionarios tras descubrir explotación infantil en un “hogar”

Trece chicos vivían hacinados, trabajaban hasta la medianoche y sufrían castigos. La Justicia también investiga si funcionarios alertaron a las responsables antes de un allanamiento.

La investigación que se abrió en Berazategui por un presunto caso de explotación infantil en Florencio Varela comenzó a escalar hacia un terreno más complejo: la posible participación de funcionarios públicos en un encubrimiento. La causa, que tramita en la Fiscalía N.º 8 a cargo de Ernesto Daniel Ichazo, analiza si dos integrantes de organismos de Niñez utilizaron información reservada para advertir a las responsables del lugar antes de un procedimiento judicial.

Según la investigación, esos funcionarios “habrían ayudado a ocultar o alterar pruebas antes de un allanamiento”, además de utilizar datos internos sobre medidas investigativas. El expediente sostiene que esa maniobra pudo haber permitido que el lugar fuera preparado de antemano. En ese contexto, los investigadores buscan determinar si el objetivo fue “advertir a las principales imputadas y permitir que el lugar fuera acondicionado antes del procedimiento, con el objetivo de ocultar las condiciones reales en que vivían los chicos”.

Mientras la causa judicial avanza, la reconstrucción de lo que ocurría dentro del predio revela un escenario de extrema vulneración de derechos. Trece chicos permanecían en un supuesto hogar donde vivían hacinados, con alimentación deficiente y falta de higiene, de acuerdo con el parte oficial al que accedió la agencia Noticias Argentinas. En ese mismo espacio, además, se registraron episodios de violencia física y un control permanente para impedir que hablaran con vecinos.

El aislamiento era una de las herramientas centrales para sostener el funcionamiento del lugar. Los menores tenían prohibido mantener contacto con personas ajenas al predio, una restricción que impedía que pudieran contar lo que ocurría puertas adentro. Esa situación se combinaba con golpes y castigos, incluso con objetos contundentes, según la documentación reunida por la investigación.

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Las tareas que realizaban los chicos también forman parte del expediente judicial. Los investigadores sostienen que eran obligados a realizar trabajos físicos exigentes y peligrosos para su edad. Entre esas tareas figuraban preparar cemento, trasladar piedras, levantar maderas y realizar trabajos de albañilería dentro del predio.

Las jornadas de trabajo podían extenderse durante horas. En algunos casos, los chicos cortaban cañas con machetes para construir cercos, cortaban el pasto del predio y movían materiales pesados, actividades que continuaban incluso bajo la lluvia o durante la noche. Según la investigación, esas tareas podían prolongarse hasta la medianoche.

El expediente también describe trabajos vinculados al cuidado de animales en el lugar. Los chicos debían juntar con carretillas las heces y desperdicios de decenas de perros y de dos caballos, además de alimentar a los animales y limpiar las viviendas del predio. Muchas de esas tareas se realizaban sin supervisión adulta adecuada y en condiciones consideradas riesgosas para menores.

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La investigación judicial también analiza los castigos que se aplicaban si alguno se resistía a cumplir esas actividades. Según los testimonios recogidos, los chicos podían ser privados de alimento o expulsados al exterior durante la noche o en jornadas de frío. En paralelo, varios de ellos no recibían atención médica cuando enfermaban y tampoco asistían regularmente a la escuela.

Los allanamientos realizados en el marco de la causa permitieron secuestrar distintos elementos que ahora forman parte del análisis judicial. Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares de distintas marcas, un disco rígido de 160 GB y documentación considerada relevante para reconstruir el funcionamiento del lugar y las posibles responsabilidades.

Con esos elementos, la Fiscalía busca determinar cómo operaba el supuesto hogar y si existieron complicidades externas que permitieron sostener durante tiempo ese sistema de explotación. La causa ahora intenta responder una pregunta central: si alguien fuera del predio sabía lo que ocurría y decidió intervenir demasiado tarde o, incluso, mirar hacia otro lado.