
Conflicto por un tramo asfaltado en Sierra Colorada: aclaran que es un proyecto inconcluso y sin jurisdicción provincial
Chubut19/03/2026
REDACCIÓNEl tramo asfaltado nunca fue incorporado a la red vial y sigue dentro de un campo privado. La instalación de un pórtico volvió a poner el foco en un proyecto inconcluso.

El cierre de un camino asfaltado en la zona de Sierra Colorada volvió a instalar interrogantes sobre su origen y su situación legal, luego de que apareciera un pórtico que impide el paso. La escena generó confusión entre quienes transitan el área, ya que el tramo presenta características de ruta, pero no forma parte de la red oficial. La explicación oficial apunta a una obra que nunca se terminó de regularizar.
Desde el organismo provincial de Vialidad aclararon que el tramo corresponde a un proyecto ejecutado entre 2005 y 2009, durante gestiones anteriores, que quedó inconcluso tanto en lo técnico como en lo administrativo. La obra avanzó parcialmente, pero no cumplió con los pasos legales necesarios para su incorporación formal. Esa situación dejó el camino en una especie de limbo jurídico.


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Uno de los puntos centrales del conflicto es que el terreno donde se encuentra el asfalto continúa siendo de carácter privado, ya que nunca se concretó la expropiación ni la cesión de tierras al Estado. Esto implica que el organismo provincial no tiene jurisdicción sobre ese sector. En consecuencia, cualquier intervención estatal queda limitada.
El proyecto original contemplaba un acuerdo entre el Estado y el propietario del campo, que incluía la cesión de tierras a cambio de obras complementarias. Entre esas contraprestaciones figuraban cerramientos y soluciones habitacionales. Sin embargo, ese convenio nunca se formalizó y la operación quedó trunca.
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Esa falta de regularización derivó en una situación ambigua, donde el camino parece público, pero legalmente no lo es. La presencia del asfalto genera una percepción de acceso libre que no se corresponde con la titularidad del terreno. Este desfasaje explica parte de la controversia actual.
En ese contexto, el pórtico instalado en el lugar responde a una decisión de los propietarios para delimitar el predio. Desde Vialidad remarcaron que se trata de una acción legítima dentro de un terreno privado. La medida busca evitar el ingreso no autorizado y ordenar la circulación en la zona.
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Otro punto que se aclaró oficialmente es que el titular original del campo no era extranjero, como se había difundido en versiones previas. Se trata de un productor local, que había acreditado la titularidad del dominio. Esta precisión buscó desactivar interpretaciones erróneas sobre el origen del conflicto.
Actualmente, el reclamo por la situación dominial es sostenido por los herederos del propietario, quienes continúan gestionando la regularización del terreno. La continuidad del conflicto se vincula directamente con la falta de resolución legal de la obra. El paso del tiempo no modificó ese escenario.
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Desde el organismo provincial insistieron en que el tramo no pertenece ni a una ruta provincial ni nacional, desmintiendo versiones que circularon en los últimos días. La ausencia de encuadre legal definitivo impide su incorporación a la red vial. Ese punto resulta clave para entender la intervención privada.
El caso expone las consecuencias de obras públicas que no completan su proceso administrativo, generando situaciones de conflicto años después. La presencia de infraestructura sin regularización puede derivar en disputas sobre uso y acceso. En Sierra Colorada, ese escenario volvió a quedar en evidencia.
















