“El delito no puede seguir operando desde las cárceles”, advierten por los celulares

El debate sobre el uso de celulares en lugares de detención volvió al centro de la escena en Chubut con una advertencia directa desde el Ministerio Público Fiscal. La preocupación no pasa solo por el control interno de las cárceles, sino por el impacto que esas comunicaciones tienen fuera de los muros.

El fiscal jefe Alex Williams planteó con claridad el problema que, según explicó, se repite en distintas investigaciones. “El delito no puede seguir operando desde las cárceles”, sostuvo al referirse al proyecto de ley que se discute en la Legislatura provincial.

La iniciativa propone prohibir el uso de teléfonos celulares en prisiones y comisarías. Para el fiscal, la medida apunta a cortar una vía que hoy resulta central para la organización de distintos delitos.

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En su análisis, Williams remarcó que no se trata de situaciones aisladas. “Hoy vemos con claridad que muchas maniobras delictivas se organizan desde las cárceles”, afirmó, al tiempo que señaló que el fenómeno se detecta de manera reiterada en causas judiciales.

Las investigaciones del Ministerio Público Fiscal revelaron que internos utilizan dispositivos móviles para llevar adelante estafas, extorsiones y amenazas. Esa dinámica, según explicó, permite sostener estructuras delictivas aun en contexto de encierro.

“El celular se ha convertido en una herramienta para sostener estructuras delictivas desde el encierro. No se trata de un uso aislado, sino de un fenómeno que requiere una respuesta institucional”, indicó.

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El proyecto en discusión no apunta, según Williams, a limitar derechos básicos de las personas detenidas. El foco está puesto en el control de las comunicaciones y en evitar que se utilicen canales no regulados.

“Las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse, pero ese derecho debe garantizarse a través de canales supervisados por el Estado”, explicó. En ese sentido, agregó: “Lo que no puede permitirse es que se utilicen medios no controlados para seguir cometiendo delitos”.

El planteo del fiscal introduce además una dimensión más amplia del problema. Las maniobras organizadas desde cárceles no solo afectan a las víctimas directas, sino que generan un impacto en la seguridad pública en general.

Frente a ese escenario, Williams consideró necesario avanzar con una regulación clara. “Es necesario dar una respuesta integral a un problema que impacta directamente en la seguridad de la ciudadanía”, expresó.

En ese marco, valoró el proyecto que se discute en la Legislatura y sostuvo que la iniciativa apunta en la dirección correcta para abordar una problemática que, según remarcó, ya forma parte del funcionamiento del delito.