El gobernador vinculó el fallo favorable en Nueva York con una jugada que la provincia activó en 2025 para resguardar su parte en YPF y evitar riesgos sobre un activo clave.
La discusión por YPF no quedó solo en los tribunales de Estados Unidos ni en la pulseada entre la Nación y los fondos que litigaron por la expropiación. En Chubut, el fallo también abrió una lectura propia, ligada a la defensa de un patrimonio que la provincia considera estratégico. Por eso, tras la revocación de la sentencia de primera instancia, Ignacio Torres salió a remarcar que el distrito tuvo un papel concreto en la pelea judicial.
El eje de esa posición no pasa únicamente por celebrar una resolución favorable para la Argentina. El Gobierno provincial buscó dejar en claro que, detrás de ese alivio, también hubo una acción específica para proteger la participación accionaria chubutense en la petrolera. Desde esa mirada, el caso dejó de ser una historia lejana para convertirse en un expediente con impacto directo sobre bienes que la provincia considera propios.
Torres recordó que, a mediados de 2025, Chubut resolvió presentarse ante la Corte de Nueva York para defender esas acciones. La decisión apuntó a evitar que el paquete correspondiente a la provincia quedara alcanzado por eventuales medidas cautelares o intentos de ejecución. En ese marco, el mandatario sostuvo: “Advertimos que el paquete accionario no podía ser alcanzado por medidas cautelares en el porcentaje que pertenece a los chubutenses”.
Ese movimiento buscó instalar ante la Justicia estadounidense un dato que la provincia consideraba central. Parte del capital accionario surgido del proceso de expropiación de 2012 pertenece a las provincias productoras de hidrocarburos y, por lo tanto, debía quedar resguardado. La apuesta de Chubut fue que ese punto quedara claro dentro del expediente antes de que avanzaran reclamos que pudieran comprometer esos activos.
Para llegar a esa instancia, la provincia necesitó antes ordenar su propia situación jurídica. Torres valoró en ese sentido el acompañamiento de la Legislatura, que en julio de 2025 aprobó la Ley XVII N° 163. Esa norma permitió regularizar el acuerdo firmado en 2012 y dar respaldo legal a una defensa que, según el Gobierno, se demoró durante más de una década.
A partir de esa herramienta, Chubut avanzó ante los tribunales de Nueva York mediante un amicus curiae y una acción específica para excluir sus acciones de cualquier cautelar o ejecución. Según la reconstrucción oficial, fue la primera provincia accionista en impulsar una presentación de ese tipo. Además, esa estrategia se articuló con la Procuración del Tesoro de la Nación, en una señal de coordinación entre la defensa nacional y los intereses provinciales.
OTRAS NOTICIAS:
Torres quiso subrayar justamente ese punto político. En su interpretación, el resultado conocido ahora no se explica por una sola intervención, sino por un trabajo compartido entre la Nación y las provincias petroleras. Por eso afirmó: “Está decisión es el resultado de un trabajo serio y coordinado con Nación, donde las provincias petroleras hicimos valer nuestra condición de accionistas y asumimos la responsabilidad de defender los intereses de todo el país”.
El fallo al que alude el gobernador fue firmado por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, quienes revocaron aspectos centrales de la sentencia de Loretta Preska. En esa resolución, el tribunal dejó sin efecto los reclamos principales contra la República Argentina y sostuvo que no resultaban admisibles bajo el derecho argentino. Para Chubut, esa definición también consolidó la posición que había intentado instalar desde su presentación judicial.
OTRAS NOTICIAS:
Desde la provincia leen esa secuencia como el cierre de una etapa que arrastraba incertidumbre desde hacía años. No solo por el monto gigantesco que se discutía en el juicio, sino porque la falta de regularización dejaba abierta una zona de vulnerabilidad sobre las acciones que integran el patrimonio provincial. En esa línea, Torres explicó que se trataba de una situación sin resolver desde hacía más de una década y que eso ponía en riesgo bienes que hoy el Gobierno considera mejor protegidos.
En el cierre de su lectura política del fallo, el mandatario dejó una frase que resume la posición oficial. Señaló: “Se cierra un capítulo complejo para el país y para Chubut, donde logramos consolidar nuestro derecho sobre las acciones, que son patrimonio de todos los chubutenses”. Así, mientras la Nación celebra el alivio judicial en el frente externo, la provincia intenta mostrar que dentro de esa historia también hubo una batalla propia y un resultado que ahora busca capitalizar.
Te puede interesar
